La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha asegurado este lunes que la adjudicación del permiso de investigación otorgado a Matsa en la zona de Paymogo y Puebla de Guzmán, resuelta en abril de 2014, se realizó "conforme a Derecho".
La consejería, a través de un comunicado, ha salido al paso de la información publicada en El Mundo Andalucía en la que se señalan presuntas irregularidades en el procedimiento y unas condiciones que beneficiaban a la adjudicataria, de la que es apoderada y directora de sus servicios jurídicos Paula Chaves, hija del expresidente de la Junta y del PSOE andaluz Manuel Chaves.
El concurso ha llegado a los tribunales, concretamente al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 13 de Sevilla, después de la denuncia interpuesta por la empresa Emerita Resources, que participó en el concurso y entiende que es perjudicada.
Desde la Junta se ha asegurado hoy que la resolución de adjudicación del permiso de investigación es conforme a Derecho y no ha sido suspendida por el Juzgado que conoce del recurso.
El procedimiento administrativo que se siguió en 2013-2014 "no vulneró el principio de legalidad ni provocó indefensión alguna a ninguna de las empresas que concurrieron al concurso minero, tampoco a Emerita".
En este sentido, se explica desde la administración autonómica, que las presuntas irregularidades que Emerita plantea en vía Contencioso-Administrativa, concretamente el error en la delimitación de la cuadrícula minera por parte de Matsa que, a juicio de la compañía, debería de haberla dejado fuera del concurso, no fueron alegadas por la compañía durante todo el proceso de adjudicación.
Precisan que los criterios de adjudicación del concurso fueron aceptados por Emerita cuando presentó su oferta y que el error en la delimitación de la cuadrícula minera, que supone sólo el 0,01077 % del total del derecho de investigación que salía a concurso, fue considerado por Emerita como susceptible de subsanación, tal y como admitió en su recurso de alzada, que fue desestimado por la Secretaria General Técnica de la Consejería.
El hecho de que la empresa adjudicataria fuera la última propietaria de los derechos sacados a concurso, aspecto que solo denunció Emerita tras perder el mismo, "no constituye prohibición alguna para volver a participar en el concurso, según la legislación minera y las bases del concurso", ha señalado la Consejería.
Este recurso contencioso-administrativo se encuentra en fase probatoria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13.
