El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, se ha mostrado este martes "tranquilo" tras declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius), actuación que ha enmarcado dentro de la "legalidad" y la "normalidad" de la institución académica.
En declaraciones a los periodistas tras declarar durante hora y media ante la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, el consejero ha recalcado que el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que denunció el asunto, no se ha personado en la causa, por lo que ha respondido a las preguntas del instructor, el magistrado Juan Ruiz Rico, de la Fiscalía y de su propio abogado.
El consejero ha reiterado que todo el proceso estuvo presidido por "actuaciones regulares y legales", "conocidas y vigiladas por todos los procedimientos administrativos, normales y convencionales en una administración pública tan grande como es la universidad".
"En ningún caso", ha dicho, se produjo un "menoscabo" de dinero público, sino todo lo contrario, ni se afectó a la obra prevista. "Esto no es una cuestión que para nada afecta a la obra, es un problema de discusión sobre asesorías técnicas y que corresponden a momentos distintos en la universidad, donde se tomaban decisiones que no estaban conectadas las unas con las otras, de tal manera que el relato correcto es perfectamente sostenible como una actuación normal", ha indicado.
El consejero ha resaltado además que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Sevilla, tal y como ha anunciado la propia Universidad, ha inadmitido el recurso que el Colegio de Arquitectos pretendía plantear sobre esta misma cuestión, de manera que es la "novena vez" que la institución académica gana en los tribunales con este pleito en los últimos años.
"Uno se tiene que preguntar hasta qué punto se quieren utilizar estas vías judiciales para una actuación que en su día no se recurrió. Si había alguna cuestión, en el 2009 cualquier interesado podría haberla recurrido. Al proyecto mixto de ejecución y de obra concurrieron 37 empresas, se interesaron 80, salió en el Boletín de la Unión Europea y sin embargo nadie presentó ningún recurso", ha incidido el consejero, quien sin embargo no ha querido "especular" sobre las circunstancias que han rodeado la presentación de la denuncia por parte del Colegio de Arquitectos.
Arellano, que ha agradecido a la Sala de lo Civil y Penal el "tono empleado", ya que le ha permitido expresarse "libremente y con mucha amplitud" en todos los temas planteados, se me han hecho preguntas por parte del señor magistrado, fiscal y representante legal, dando respuesta a todos los temas, ha considerado que todas las personas que desarrollan su labor en el ámbito público deben estar "a disposición de los jueces, de los magistrados y del Ministerio Fiscal siempre para dar todas las explicaciones oportunas de cualquier actuación que pudiera resultar dudosa", lo que se tiene que hacer "en condiciones de normalidad, seguridad jurídica y de permitir a las personas que puedan defender su honor, su actuación sin precipitarse y respetarse los tiempos".
Preguntado por si cree que la denuncia tiene una connotación política, el consejero ha recordado que la acusación se produjo en el año 2015, siete años más tarde de que se produjeran los supuestos hechos, y cuando él era rector de la Universidad de Sevilla. Por ello, ha indicado que, si tiene alguna connotación, "es académica".
No obstante, sí ha considerado que la denuncia está "basada en una interpretación parcial y oportunista de las circunstancias que se dieron en ese momento".
"Cuando alguien quiere presentar una denuncia penal porque puede perder el contencioso, pues utiliza todas las artes que correspondan para intentar ganar su caso, lo cierto es que todas las circunstancias que rodean a esta actuación son perfectamente explicables, si hay algún tipo de error, tiene un cauce a través del procedimiento administrativo, que para eso existe", ha explicado.
Asimismo, el consejero ha añadido que ni a él ni a la Universidad le une "ninguna relación con los arquitectos adjudicatarios de los contratos, ni antes ni después". "Es una circunstancia coyuntural que se saca de contexto en 2015 sobre circunstancias que no quiero especular", ha sostenido.
Por otro lado, se ha referido al expediente abierto por la Agencia de la Defensa de la Competencia de Andalucía y ha destacado que este órgano es "independiente de la Junta de Andalucía", por lo que ha considerado "muy arriesgado" siquiera "sugerir" que este expediente sea "represalia" por el asunto penal que le concierne.
"La apertura de este expediente data de marzo de 2015, yo no era consejero de Economía. El consejero nada tiene que ver con esas cuestiones, la Agencia abre expediente por un incumplimiento de un acuerdo. Ni sé ni debo saber", ha mantenido.
Cuestionado sobre si se ha planteado dimitir, ha indicado que nunca ha especulado ni especulará con ello, y, en cuanto a si cree que el asunto acabará archivándose ha optado también por no apresurarse ni hacer valoraciones sobre su declaración. "Prefiero esperar, porque es competencia del tribunal hacerlo. Cualquier valoración de carácter político quiero evitarla, porque es una cuestión de la universidad de Sevilla, cuando era vicerrector y ahí debe de quedar el tema", ha concluido.
