Este estudio, presentado ayer por el presidente de este organismo colegial, Carlos González-Vilardell, revela otros datos significativos como que el 91% de las sesenta ataques, amenazas e injurias que anualmente se denuncian en Sevilla se producen en centros de salud; otro 7% en hospitales y el 2% en centros privados.
El informe, basado en la agresiones a médicos de Sevilla denunciadas desde 2004, indica que los ataques se han estabilizado desde 2007, después de que la administración pidiera que se tipificasen como agresiones y no como faltas, "aunque siguen siendo cifras alarmantes", según González-Vilardell.
El 44% de los hechos denunciados fueron agresiones verbales, otro 28%, físicas, y el 26% restante, intimidatorias.
Respecto al resultado judicial, sólo el 15% de las agresiones han sido consideradas penalmente como lesiones, frente a un 36% de amenazas y otro 49% de injurias.
Málaga es la provincia con un mayor número de agresiones a médicos -más de 700 desde 2005-, seguida de Sevilla, con casi 600 y de Córdoba, con 300.
En Granada, Cádiz y Almería se han superado las 250 agresiones a médicos desde 2005, mientras que en Jaén se han contabilizado algo más de 200 y en Huelva no se ha alcanzado esta cifra.
El 58% de estas agresiones se han relacionado con una excesiva demora para ser atendido; otro 15% por la negativa a conceder o prorrogar una baja y un 10% a no prescribir medicamentos.
González-Vilardell reclamó más medidas preventivas para evitar las agresiones a facultativos, en especial, protección en los centros de atención primaria de zonas y en fechas que ya se saben que son potencialmente conflictivas.
Admitió que no se puede proteger a todos los médicos de todos los centros pero matizó que ya existen informes suficientes entre ellos el presentado ayer sobre agresiones a médicos del último lustro, que evidencian factores de riesgo que se deben de afrontar.
También abogó por un en endurecimiento de las sanciones a los agresores a médicos y por la implementación de campañas de sensibilización y educación de la sociedad.
La responsabilidad es del agresor, según Montero
Por su parte, la consejera de Salud, María Jesús Montero, sostuvo ayer que "siempre" que se produce una agresión contra un profesional sanitario "la responsabilidad única la tiene la persona que agrede", por lo que opinó que "no se pueden intentar buscar responsabilidades más allá de eso".
A preguntas de los periodistas tras entregar una mención especial del 'Premio Forma' Joven al rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, la titular del ramo recordó desde 2005 su departamento dispuso un plan prevención contra las agresiones a profesionales sanitarios con el que tratan de "minimizar" este tipo de episodios violentos y prestan apoyo jurídico.
Además, enfatizó que el servicio sanitario en Andalucía "fue el primero" que prestó asesoría jurídica gratuita a los profesionales y valoró que "cada vez son más los fiscales que, cuando se produce una agresión, piden que se considere delito de atentado, lo cual endurece la pena para el agresor"
Agregó que el número de agresiones en Andalucía "ha permanecido estable" a partir del registro que se elaboró en colaboración con los colegios de profesionales, si bien admitió que ello "no es óbice para que se sigan poniendo todas las medidas para intentar evitarlas".
En este punto, destacó la inversión realizada en seguridad e infraestructuras, aunque sostuvo que "evidentemente la seguridad no es capaz de evitar que se produzca esta situación, porque habitualmente está más vinculado al ámbito de consultas externas, donde la intimidad del paciente en la consulta tiene que preservarse sin ninguna persona que esté de testigo y es donde se produce habitualmente la agresión".
Por ello, abogó por "dotarnos de mecanismos que permitan poner en alerta al resto de centros y también que el profesional tenga posibilidades de poder defenderse".
Sea como fuere, señaló que el plan de prevención contra las agresiones "nos permite monitorizar fundamentalmente en qué situaciones se producen este tipo de agresiones, sobre qué personal y en qué momentos del día", unos indicadores que "nos permiten identificar mejor el perfil de riesgo y la posibilidad de poner en marcha medidas que persigan minimizarlo o evitarlo en la medida de lo posible".
