Cerca de 8.000 reclusos se han beneficiado en Andalucía del servicio de orientación jurídica penitenciaria desde que se puso en marcha en 2015 en los 13 centros penitenciarios de la comunidad, cuya finalidad es garantizar los derechos de este colectivo.
Mediante esta prestación, la población reclusa en Andalucía cuenta con asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.
La Consejería de Justicia e Interior ha destinado más de 226.000 euros a financiar este servicio, que en el último año prestaron 779 abogados adscritos al turno especializado de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía.
De esta asistencia se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro.
El servicio, según la Junta, forma parte de un convenio firmado en el año 2015 por el Gobierno andaluz con el Ministerio del Interior, competente en instituciones penitenciarias, y los representantes de los abogados en esta comunidad.
Su vigencia es de tres años prorrogables y cuenta con una aportación económica de la Administración andaluza que supondrá en total unos 420.000 euros.
