El Gobierno andaluz planteará en el próximo Consejo Territorial de Dependencia una reforma en el procedimiento de asignación de servicios a las personas dependientes por la cual "prime el criterio del profesional por encima del familiar" a la hora de decidir qué tipo de prestación -económica, atención residencial, centro de día o de noche, teleasistencia o ayuda a domicilio- se le concede finalmente a la persona dependiente.
En un desayuno informativo, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, avanzó que planteará en el Consejo Territorial de Dependencia previsto para el próximo día 27 de noviembre la "necesidad de abrir una reflexión sobre si el criterio de la familia, a la hora de asignar una prestación determinada para la persona dependiente, aún siendo importante, no tiene porque ser definitivo".
De esta manera, y frente a las voces que opinan que "se están vulnerando los principios que inspiraron la ley al primar las prestaciones económicas en lugar de las prestaciones de servicios", Navarro formulará la posibilidad de que sean los profesionales "cualificados" que trabajan en la red de servicios de la Dependencia los que decidan en última instancia qué tipo de prestación recibirá el dependiente, ya que "en muchas ocasiones el profesional tiene que convencer a todos los miembros de la familia de cuál es el servicio que mejor atiende a las necesidades del afectado".
"Tanto los profesionales que trabajan en la valoración como los que se encargan de elaborar los Planes Individualizados de Atención (PIA) entienden que, a veces, el mejor recurso para un dependiente es la atención residencial, pero la familia del afectado piensa que es mejor la concesión de una ayuda económica, y no se puede obligar a una persona a ingresar en una residencia en contra de su voluntad", abundó.
La consejera consideró "necesario" abrir esta reflexión en el seno de todas las CCAA, sobre todo, "cuando hay quienes ponen en duda las prestaciones que se conceden y hablan de fraude de la ley". Así, insistió en que los servicios asignados al dependiente "van en función de las peticiones de los familiares", según establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Además, recordó que el texto de la normativa "ya se dulcificó porque determinaba el criterio familiar como el único a tener en cuenta".
En este sentido, cabe recordar que la normativa recoge que las prestaciones económicas previstas -para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, para atención de cuidadores profesionales o prestación económica vinculada al servicio- "se otorgará únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado".
No obstante, Navarro afirmó que en Andalucía "la mayoría de las familias reclaman algún tipo de ayuda asistencial, sobre todo prestaciones residenciales y ayudas a domicilio", en especial esta última, que, según la consejera, "están creciendo de modo espectacular y lo seguirá haciendo cuando a partir de 2009 el sistema comience a atender a dependientes del grado 2 nivel dos".
Asimismo, la titular del ramo indicó que, aunque comparte algunas de las reflexiones que realizan sindicatos y empresarios, los recursos "no se pueden prescribir atendiendo únicamente a la generación de empleo que puede suponer, sino que el criterio primordial es la adecuada atención a la necesidades de cada dependiente", que, en última instancia, reiteró, "corresponde a las familias". No obstante, precisó que la previsión de empleo para finales de año por servicios vinculados directa o indirectamente a la Ley está por encima de las 42.000 puestos de trabajo.
Además, aseguró que la concesión de una prestación económica "exige mucha más inversión que cualquier otro servicio", por lo que garantizó que las prestaciones económicas establecidas en Andalucía "no se han determinado porque al sistema le salga más barato".
Repercusión económica de la Ley
Por otro lado, Navarro anunció que a finales de 2008 el grupo de trabajo sobre financiación constituido en el seno del Consejo Territorial de Dependencia, en el que se inscribe el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, realizará una valoración de la "repercusión económica" que está teniendo la aplicación de la Ley en las diferentes CCAA.
En este sentido, la consejera reiteró su convencimiento de que la Ley precisa de una mayor "financiación", pero garantizó, a la vez, que "no se ha producido ningún recorte presupuestario, sino que se ha superado, pasando de los 900 millones previstos en la Memoria Económica a los 1.150".
Sin embargo, descartó de que vuelva a producirse una "avalancha" de solicitudes como la que se "ha dado en los primeros meses de la aplicación de la Ley y que ha "desbordado las previsiones del Libro Blanco sobre la Dependencia", pues los grandes dependientes "ya están atendidos a través de algún recurso y es en la ayuda a domicilio el único capítulo en el que se prevé un incremento de las solicitudes".
No obstante, aseguró que mientras el año pasado se habilitaron más de 4.000 plazas residenciales nuevas para atender las necesidades de la población, las previsiones para este año son de 5.000 más, número que "seguirá aumentando", según apuntó, pues "se están construyendo centros de atención permanentemente con el fin satisfacer todas las necesidades de los andaluces".
Financiación de los ayuntamientos
Navarro consideró en todo momento que, a pesar de la "complejidad" de la Ley, la evolución de la misma en estos 20 meses de vida está siendo "muy positiva". Así, especificó que, a fecha de 27 de octubre hay 204.000 solicitudes de valoración de dependencia presentadas, de la cuales, 174.000 -el 85,2 por ciento- ya están valoradas. De esas 174.000, un total de 115.272 personas tienen ya reconocidos sus derechos y de ellas 81.624 reciben alguna prestación en estos momentos, siendo 32.500 prestaciones económicas.
Por ello, agradeció tanto al sector empresarial como a los Ayuntamientos -"salvo excepciones- su colaboración, y mostró su comprensión ante las peticiones de una mayor financiación realizadas por parte de algunas corporaciones municipales, a las que la Junta adelanta semestralmente a través de un convenio una cuantía económica para el sostenimiento de los servicios de la Dependencia, convenio que "seguirá renovándose".
Así, opinó que "que los Ayuntamientos pidan más dinero es una buena señal, porque pone en evidencia que se han puesto en marcha los servicios de atención a la Dependencia".
El Consejo Territorial que se celebrará el próximo 27 de noviembre tratará, además, como puntos de la orden del día, el sistema de acreditación de los centros asistenciales para prestar los servicios previstos por la Ley de la Dependencia y la articulación del sistema de copago.
