La Fiscalía Anticorrupción considera que la participación del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y uno de los seis imputados por el caso 'Saqueo', Juan Antonio Roca, fue "esencial" para urdir un "entramado" que permitió el desvío de fondos públicos del consistorio entre los años 1991 y 1995 que investiga este caso.


 

Este fue uno de los argumentos que utilizó la fiscal Belén Suárez en su informe de conclusiones definitivas durante la undécima jornada del juicio que se celebra ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para pedir la sentencia condenatoria con ocho años de cárcel por el delito continuado de malversación de caudales públicos y dos más por el de falsedad documental para Roca.


 

Para la representante del Ministerio Fiscal, el ex asesor de urbanismo tuvo un "hacer directo" en el desvío ya que utilizó cuatro sociedades inactivas adquiridas previamente -Contratas Peninsulares, Contratas El Plantío, Canteras Nasok y Dintak- para ponerlas "a disposición del entramado y del plan perfectamente diseñado en el que cada uno (de los acusados) tenía una participación diferente".


 

El acusado dejó "ocultas" esas cuatro mercantiles que adquirió, sin efectuar los cambios legales sobre su propiedad en el registro mercantil, para que cualquier investigación que pudiera llegar hasta ellas no pudiera determinar que su nombre estaba detrás de las mismas. "Las oculta para que en cualquier información que nos llevara a ellas nunca apareciera él ni su propia madre",  aunque ésta sí apareció finalmente como compradora.


 

Suárez considera que Roca tuvo una aportación "suficientemente importante" para que el entramado por el que se malversaron fondos públicos desde las empresas municipales -Contratas 2000, Jardines 2000 y Planeamiento 2000- se mantuviera "en el tiempo".

 

"Tres principales acusados"

 

Para la representante del Ministerio Público, Roca, el asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel son los "tres principales imputados" en este caso, con un "hacer directo e inmediato, esencial" para la malversación de los fondos. "Los extraños que participan en delitos especiales como el de malversación de caudales públicos sólo pueden actuar en modo de cooperación necesaria", subrayó la fiscal.


 

A Sierra, para quien se piden ocho años por malversación y dos más por falsedad documental, el Ministerio Público atribuyó "el diseño" del entramado empresarial para que las sociedades estén "tan al margen de la actuación del Ayuntamiento que impida en cualquier caso cualquier tipo de control".


 

Además subrayó que si bien en su declaración Sierra se "limitó" a insistir en que "él sólo quería que se hiciera una auditoría", la realidad es que al interventor del Ayuntamiento "se le impidió hacer un control de las sociedades municipales". Según sus conclusiones, la auditoría externa tampoco fue adecuada porque el auditor "ni conocía las sociedades que se investigan aquí".


 

Para la fiscal, Castel fue el encargado de diseñar un "guión" de "cómo se tienen que encubrir los fondos que salen de las empresas" municipales. "El guión lo hace él", apuntó Suárez, que mantiene en sus conclusiones fiscales la misma petición de penas para este contable que para los anteriores imputados.


 

En la lectura de su informe, la Fiscalía también hizo referencia al ex alcalde fallecido Jesús Gil, al que atribuyó el "dominio y gestión de fondos públicos" y la "disponibilidad de hacer transferencias sin necesidad de que se justificaran".

 

Si para la fiscal Roca, Sierra y Castel son los tres "principales" procesados, la participación de los empleados de las sociedades municipales Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera se basó en el "no hacer". A su juicio, "tenían conocimiento, asintieron y permitieron ser utilizados en el desvío de esos efectivos" pero no se opusieron a esta práctica.


 

Además, para Suárez, sus declaraciones sobre que los cheques que cobraban de la cuenta particular de la acusada Purificación Notario eran empleados para pagar nóminas y a pequeños proveedores "no encajan" con los datos sobre los salarios y las facturas pagadas. Al respecto recordó que Gonzálvez dijo que los alrededor de 1.900 millones de pesetas que sacó de la cuenta bancaria de Notario iban destinados para pagar salarios y gastos con pequeños proveedores.


 

Por último, la fiscal considera que Purificación Notario, viuda del que fuera colaborador de Gil, ejerció una "colaboración necesaria" en la malversación de caudales públicos al ser la titular de una cuenta bancaria a la que se desviaron fondos. "Su participación en esta desviación lo es con aportación de elemento necesario, estaba enterada y consentía", señaló la representante del Ministerio Público.


 

Exculpación de González, Herrera y Notario

 

Por su parte, la acusación particular -ejercida por tres concejales del PP del Ayuntamiento de Marbella- centró sus conclusiones definitivas en la implicación de Roca, Castel y Sierra pero durante la celebración del juicio, no detalló la petición de exculpación del resto de los acusados anunciada ayer. Sin embargo, fuentes jurídicas explicaron que la petición de exculpación para Gonzálvez y Herrera se centra en la consideración de que ellos únicamente eran trabajadores de las sociedades sin responsabilidades en la contabilidad y en cuya actuación no está clara una responsabilidad penal.


 

Aunque tampoco se explicó en el plenario, las mismas fuentes mantuvieron que la petición de exculpación de Notario responde a la consideración de ésta como una mujer "manipulada" por su esposo sin conocimientos o capacidad para operar en cuentas bancarias.


 

Para la acusación, Roca, Sierra y Castel diseñaron un entramado para gestionar servicios públicos de Marbella, "camuflaron" las disposiciones con alteraciones contables y luego las llevaron a las declaraciones fiscales. Concretamente, a su juicio, Roca aportó las sociedades inactivas que "terminan" en el Club Financiero de Marbella y que son las que "dan cobertura" a la sustracción de fondos de las empresas municipales. Además, él, como gerente de Planeamiento 2000, era su "máximo responsable" y el único con autorización para sacar fondos de ésta, por lo que si otras personas lo hicieron, fue con su consentimiento.


 

Del mismo modo, Sierra es el que "diseña todo el sistema de las sociedades municipales y tiene cuidado en que todos los controles previstos por la ley se plieguen para que se pueda disponer libremente de los fondos". En este sentido, el abogado de la acusación consideró "paradójico" que "se haya presentado como defensor de los controles" cuando es él que los "elimina".


 

Por último, considera probado que Castel era el encargado de recibir la documentación en el Club Financiero para "manipularla" y de "elaborar" la contabilidad de las sociedades.


 

El juicio se reanudará el próximo jueves, 27 de noviembre, con los informes definitivos elaborados por las defensas de los acusados.

 

El juez quiere saber qué le pagan a Muñoz por las entrevistas

 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron a última hota de la mañana de ayer en la sede de Telecinco en Madrid para recabar toda la documentación contractual entre la emisora y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, informaron a Europa Press fuente próximas al caso, ante la emisión por la noche de una entrevista exclusiva con el ex regidor marbellí, quien sumó el pasado mes de septiembre su sexta condena por delitos urbanísticos cometidos en Marbella durante el tiempo que asumió cargos públicos en el Consistorio.


 

Los agentes de la Policía Judicial actúan por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Oscar Pérez, que instruye el caso ‘Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, en el que está procesado Muñoz.


 

El juez ya solicitó en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, dictada el día 12 de este mes, que las cadenas de televisión informaran al juzgado si tenían previsto entrevistar al ex alcalde de Marbella. Entre las cadenas a las que se les requirió figuraba Telecinco.


 

En dicho documento, se les indicaba a las cadenas que tenían un plazo para que informaran si Muñoz "tiene previsto participar en alguno de los programas" y se les requería que indicaran "si ha sido contratado por la cadena o bien a través de una productora o cualquier otra persona física o jurídica, con expresión de quien sea el pagador de la retribución acordada e información de cualquier otra ventaja económica entregada o por entregar, con remisión al Juzgado del acuerdo suscrito".


 

Esta providencia se dictó después de que el Ayuntamiento de Marbella, personado en el caso 'Malaya', presentase dos escritos y tras las "noticias contradictorias publicadas en los medios de comunicación sobre la próxima emisión de una entrevista con el ex alcalde", según indica en el escrito el magistrado.


 

El Consistorio marbellí argumentó en una de sus solicitudes, a la que tuvo acceso Europa Press, que "resulta oportuno conocer con antelación y de forma directa las entrevistas y participación en programas que "pudieran concertarse con el fin de asegurar mediante el embargo de los emolumentos previstos las responsabilidades pecuniarias contraídas en la presente causa".


 

En el otro escrito, el Consistorio solicitaba que se requiriera a la productora que supuestamente iba a realizar la entrevista y a sus responsables "a fin de que retengan las cantidades acordadas" con Muñoz "y las ponga a disposición del juzgado". Además, se pedía que se citara a declarar a la responsable de dicha productora, también presentadora, para que aportara los documentos firmados y pudiera ser preguntada sobre ello.


 

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, solicitó el jueves a la Fiscalía Anticorrupción que abra diligencias de investigación para determinar si Muñoz cobró por conceder entrevista. Esta petición se hizo extensiva al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.


 

Según fuentes del Ministerio Público, el objetivo de esta investigación es evitar que los dos condenados puedan desviar este dinero a cuentas bancarias situadas fuera de España y proceder a su embargo en el caso de que se pueda demostrar que han percibido alguna cantidad por conceder las exclusivas.