Jerez se convierte así en el primer municipio de la provincia que pone en marcha este reglamento, que viene a desarrollar a nivel local lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009 de la Comunidad Autónoma por la que se publica el Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Esta normativa establece que la selección de las personas destinatarias de alojamientos y viviendas protegidas se realizará mediante los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y no a través de sorteos públicos, como venía ocurriendo hasta la fecha. Para ello, los interesados deberán estar inscritos en dichos registros a partir del próximo 26 de diciembre. Sólo así será posible acceder a una vivienda de protección oficial.
En el acto de presentación, que tuvo como marco la sede de la Cámara de Comercio, Pilar Sánchez resaltó que el reglamento de Jerez “servirá de modelo para otras administraciones locales”. No en vano, el Ayuntamiento ha recibido la felicitación de la Junta de Andalucía por la redacción del texto.
En su intervención, la alcaldesa destacó que el Gobierno local “ha dado una importancia extraordinaria a la promoción de viviendas públicas a través de un instrumento pionero”, como es el Plan de Vivienda. Según Pilar Sánchez, el citado documento “ha contribuido de forma muy notable a suavizar de forma importante el problema de la vivienda en la ciudad”. “Y todo ello en la línea general que caracteriza a la gestión municipal en esta etapa y que se basa fundamentalmente en la transparencia y en la seguridad jurídica del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas”, añadió.
El objetivo de la Orden es homogeneizar el procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas de todos los registros municipales de demandantes que se constituyan en la Comunidad autónoma, dejando libertad a cada municipio para que elabore y apruebe las bases de funcionamiento de su registro.
En el caso concreto de Jerez, se ha optado por el criterio que la propia norma establece como prioritario en ausencia de los otros dos, esto es, el de antigüedad. Según la alcaldesa, este criterio facilita la gestión del registro, es menos costoso y, además, ofrece una mayor claridad en la resolución.
Los datos quedarán a disposición de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que de este modo podrá coordinar una base de datos común gestionada por medios telemáticos.
Los trámites serán gratuitos, por lo que las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes.
Además del ya apuntado de la antigüedad, a la hora de adjudicar las viviendas protegidas se tendrán en cuenta de manera singular las peticiones realizadas por víctimas de terrorismo o violencia de género, así como de emigrantes ya retornados o de aquellos que tengan intención de volver a la ciudad. De este modo, el Gobierno local cumplirá los compromisos adquiridos previamente con este tipo de colectivos.
Por último, Pilar Sánchez se mostró convencida de que esta iniciativa constituye “un importante paso en favor de la eficacia y la eficiencia en la adjudicación de viviendas protegidas, con medidas que son claramente ventajosas para los promotores público y privados, constructores y arquitectos”.
En el acto de presentación del reglamento estuvieron presentes organizaciones vecinales y representantes del sector inmobiliario y la construcción.
