El Parlamento andaluz ha convalidado hoy el decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, los cuales consideran que facilita la creación de empresas y empleo, mientras que lo han rechazado el PSOE y de Adelante por sostener que crea inseguridad jurídica y facilita la especulación.
En la reunión este jueves de la Diputación Permanente de la Cámara, presidida por Marta Bosquet, también se ha rechazado la propuesta del PSOE y de Adelante para tramitar dicho decreto como proyecto de ley con carácter de urgencia.
El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha pedido a los grupos el apoyo a este decreto porque esta crisis sanitaria "vislumbra un escenario preocupante e incierto que exige combatir más que nunca su impacto en la economía y el empleo" con medidas que profundizan en una revisión y mejora de la regulación económica mediante la modificación de 21 leyes y seis decretos.
Tras explicar que se trata de una reforma de la regulación económica de calado puesto que afecta a sectores como la agricultura, la pesca, el comercio, el turismo, el industrial y a leyes medioambientales, de ordenación urbanística y a la audiovisual, ha asegurado que las medidas que inciden sobre todo en reducir los trámites burocráticos y en reducir los costes para las empresas no suponen una "relajación de la seguridad jurídica".
Según el consejero, estas medidas redundarán en un mayor crecimiento económico de Andalucía al recortar los plazos para constituir empresas sustituyendo la licencia de obras por la declaración responsable, ampliando la libertad de horarios comerciales y facilitando la declaración de municipios turísticos, entre otras actuaciones.
Sin embargo, no ha compartido esta idea el diputado socialista Manuel Jiménez Barrios, quien ha asegurado que este decreto pone a Andalucía en una "grave situación de inseguridad jurídica" y ha denunciado que no cuenta con consenso social, pues veintiuna asociaciones han pedido su retirada porque no les han dejado participar en su elaboración.
"No hay precedentes de un atropello de estas características", ha recriminado Jiménez Barrios al Gobierno andaluz, quien ha advertido de algunos aspectos presuntamente inconstitucionales y antiestaturarios y también ha censurado que no se sustenta en ningún informe jurídico.
Además, ha denunciado que el decreto está "plagado de trampas" porque introducen la reforma la ley audiovisual para que las radios ilegales puedan tener publicidad de la Junta y para que las empresas privadas puedan entrar en los medios municipales, así como la derogación de la normativa de campos de golf para permitir que se construya.
Para la diputada de Adelante Andalucía Ángela Aguilera este decreto va a convertir a "Andalucía en barra libre para los especuladores y los fondos a costa de nuestra salud y el medio ambiente" al eliminar trámites para "allanar el camino a la inversión inmobiliaria en torno a los campos de golf, limitando las declaraciones de impacto ambiental a determinadas actividades y flexibilizando requisitos para que las industrias hagan uso del agua", entre otras líneas "perjudiciales" para el medio ambiente.
La portavoz del PP, Dolores López, ha replicado a la oposición que con sus críticas al decreto descalifican a las personas que "cada día levantan la economía" de Andalucía porque va dirigido a los comerciantes, agricultores y autónomos en general para inyectarles herramientas con las que desarrollar su actividad de forma más fácil y sin complicaciones con largos trámites administrativos.
Ha apoyado el decreto el diputado de Vox Alejandro Hernández, quien ha señalado que el "celo normativo es negativo para la actividad económica" y ha valorado la eliminación de tasas y de trámites para facilitar la actividad productiva, aunque ha precisado que es susceptible de mejoras.
En representación de Ciudadanos Mónica Moreno ha manifestado que este decreto "no es la solución definitiva, pero sí un salvavidas frente a la maraña de normas que entorpecen a los autónomos".
