Doce años son muchos años para guardar silencio sobre un asunto que provocó un grave daño personal y político al exconcejal del Partido Popular (PP) Juan Ignacio López Escobar, denunciado por el anterior equipo de Gobierno socialista ante el Tribunal de Cuentas por un presunto delito de malversación y prevaricación.
La denuncia tuvo por escenario los convenios firmados por el exdelegado de Urbanismo en la etapa de gobierno del alcalde Juan Manuel Armario con tres empresas para la permuta de unos terrenos en la zona de Los Cabezuelos con el fin de disponer de suelo para proyectos municipales.
El Juzgado de Instrucción número uno de Arcos exime de toda culpa a López Escobar, acordando el sobreseimiento y archivo de la causa en base a las investigaciones de Fiscalía.
El informe remitido por el anterior gobierno al Tribunal de Cuentas esgrimía una serie de presuntas irregularidades como posibles indicios generadores de responsabilidad penal; irregularidades observadas en los contratos de permuta firmados por el Ayuntamiento con las empresas Tecnisierra de Arcos SL, Alfonso X El Sabio SL y Mouxo SL. El gobierno socialista no sólo denunció a López Escobar como responsable de Urbanismo y por tanto de la operación de permuta, sino también al arquitecto municipal José Luis Alejandre e incluso al secretario de la Corporación, Bernardo Muñoz Pérez, así como a los titulares de las mencionadas tres sociedades, como implicados el acuerdo urbanístico.
López Escobar actuó facultado
El anterior gobierno, y en su nombre el delegado de Urbanismo Joaquín Macías (PSOE), sostuvo que López Escobar no estaba facultado para la firma del acuerdo de permuta al no encontrarse en el acto administrativo el alcalde Juan Manuel Armario (PP). El juzgado ha considerado que la ausencia física del alcalde no es óbice para considerar el acuerdo fuera de la legalidad. Asimismo, la denuncia planteadas por los socialistas se sustentaba en que la consecuencia de la permuta de suelo se cuestionaba la falta de competencia del Pleno, entendiendo que era competencia de la Comisión provincial del Territorio de Urbanismo y que las licencias concedidas por el arquitecto municipal en 2002 eran ilegales; acusaciones que finalmente han sido rechazadas por el juzgado, que considera la gestión “admisible y acorde a la legalidad respecto al tratamiento dado por el Estudio de Detalle”.
La resolución judicial no sólo da la razón a López Escobar y a su equipo técnico, sino que incluso tilda de “adecuado” el acuerdo de permuta aprobado en 2002. En otros términos, que esta gestión fue positiva para el municipio. De hecho en una apartado de la resolución se aclara que las valoraciones económicas se hicieron de manera adecuada y proporcionada a las circunstancias concretas de los intervinientes y mercado, dejando a salvo el erario público, de ahí que las valoraciones hayan sido un aspecto fundamental de la investigación y del proceso en sí. No obstante, las valoraciones fueron cuestionadas inicialmente por el Tribunal de Cuentas, para posteriormente rectificar que no provocaron perjuicio y responsabilidad contable.
Una incongruencia
Lo más curioso de todo, es que los convenios denunciados fueron apoyados por el grupo socialista que en 2002 estaba en la oposición, siendo en este sentido unos acuerdos no respetados por el grupo socialista que alcanzó el gobierno unos meses más tarde.
La resolución judicial demuestra que López Escobar no se llevó un duro
La parte denunciante llegó a cuestionarse un posible beneficio personal de López Escobar en la firma de convenios y permuta de terrenos siendo delegado municipal de Urbanismo y propietario de una vivienda afectada por una de las permutas. La resolución judicial manifiesta que “queda constancia de que la vivienda ha sido pagada por su titular y no así facilitada en compensación a su cargo y gestiones efectuadas como tal”. Si bien la resolución también deja claro que no hubo delito de malversación, también explica que las presuntas irregularidades que apuntaban a un delito de prevaricación no son determinantes de encuadrarse en un delito penal. Juan Ignacio López Escobar considera, en cambio, que el gobierno que lo sucedió utilizó el Ayuntamiento para arremeter contra su persona, apuntando en este sentido al también exdelegado de Urbanismo en la etapa socialista, Joaquín Macías, como artífice de las denuncias. López Escobar ha querido dejar claro que el mencionado concejal socialista “echó la culpa a los técnicos”, ya que él no ha llegado a declarar en el proceso como imputado.
