Los trabajadores del Ayuntamiento de Arcos podrían comenzar a percibir la nómina del mes de julio a partir de este viernes 21 de agosto, siempre y cuando Diputación también haga efectivo el pago de los 715.000 euros comprometidos mensualmente con el Consistorio, como ha avanzado el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín. El mismo ha admitido esta semana el importante esfuerzo que ha realizado el Gobierno para saldar la deuda correspondiente con la nómina de junio y la paga extraordinaria de verano.
El alcalde manifiesta que tan sólo se está ingresando mensualmente en las arcas públicas la cantidad procedente de Diputación, con lo cual se siguen dando obligatoriamente pasos para reducir el gasto corriente, que pasa inexorablemente por la no renovación de contratos y la reducción de la plantilla.
Sobre el cobro, Gambín hace hincapié en que se trata de previsiones, ya que también dependerá de las entidades bancarias que la nómina llegue a los trabajadores en los plazos estipulados.
En mayo pasado el equipo de Gobierno tuvo que asumir una nómina de 1,4 millones de euros, que actualmente ha pasado a 724.000 euros. Aun así, la carga económica está por encima de las posibilidades del Ayuntamiento, con lo cual los recortes se seguirán produciendo un tiempo.
Esta situación está pasando factura al propio alcalde, que se siente abrumado por las constantes interpelaciones de ciudadanos en plena calle o su despacho. Para Gambín, y así lo admite, tener que despedir o no renovar contratos es un hecho doloroso pero al tiempo responsable. “Son medidas antipopulares, porque a nadie le gusta dejar sin efecto un contrato. Pero no nos cabe otra posibilidad”, señala el alcalde, que recuerda que el equipo de Gobierno se ha reducido el sueldo un diez por ciento y que se están llevando a cabo otras medidas de austeridad.
Sin embargo, hay una serie de contratos que se han firmado recientemente por necesidad de determinados servicios, pero que en cualquier caso son contratos que se realizan con la participación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al objeto de que sean lo más transparentes posibles. Un caso se ha producido en Servicios Sociales, cuyos técnicos han implantado una serie de criterios para esos contratos, con lo que la política no estaría interviniendo en este sentido. “He dicho por activa y por pasiva que los políticos dejamos de contratar”. Así, se ha procedido recientemente a la contratación de dos albañiles, un electricista, un delineante y un peón, una administrativa y una trabajadora social para prestar servicio en el centro de día San Miguel. Estos contratos han sido seleccionados por el SAE, según el alcalde socialista.
