Miguel Ántgel Rincón Peña
El martes, día 1 de septiembre, Antonio Romero, de Canal Sierra de Cádiz, subió un video a las redes sociales en el que, bajo el título de ‘Editorial’, denunciaba ante las cámaras lo que está ocurriendo actualmente en nuestra comarca con la sanidad pública. Se refería a un caso concreto y particular que había sufrido él mismo unos días atrás (seguramente la gota que colmaría su vaso), pero también hacía mención a todos los mensajes de ciudadanos indignados con el trato que se les está dando por parte de esa sanidad que,se supone,es de todos y todas.
A Antonio, periodista siempre moderado en sus intervenciones, se le veía esta vez bastante sulfurado, pero llamando a las cosas por su nombre, diciendo lo que muchas personas piensan. ‘Por fin alguien se posiciona y habla, valiente y decididamente, sobre este asunto en una televisión’, pensé cuando vi el vídeo. Seguramente a ustedes también les haya llegado el mencionado vídeo, ya que ha sido compartido en Facebook más de mil quinientas veces y tiene cientos de comentarios. Se ve que a la gente le interesa mucho este tema, pero, sin embargo, no hemos sido capaces de organizarnos y salir a la calle a exigir nuestros derechos. Me encantaría ver en pie a toda la Sierra pidiendo, por ejemplo, un hospital público (o una autovía, o una línea de ferrocarril, etc.). Debemos ser de las poquísimas comarcas en Andalucía que no cuenten con un hospital de la sanidad pública. En cambio, tenemos uno, propiedad de la empresa Pascual Pascual S.A., que, en fin…, mejor ‘no comment’.
Yo también tuve un pequeño ‘tropiezo’ recientemente en el centro de salud, concretamente en pediatría. Al final no hubo más remedio que hacer la consulta telefónicamente. Tuvimos que explicarle a la doctora los síntomas, y ella, haciendo un loable ejercicio de videncia, realizó el diagnóstico y nos extendió la receta telemáticamente. No seré yo, por supuesto, el que reparta las culpas entre el personal sanitario o administrativo, tanto de los centros de salud como de los hospitales. Si hay que buscar culpables, debemos mirar hacia los despachos, en Cádiz, Sevilla o Madrid. Las administraciones con competencia en sanidad son las responsables de que, con la excusa del COVID-19 se esté deteriorando el servicio sanitario que se presta a la población, y eso, queridos lectores, es intolerable.
