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Martes 16/04/2024  

Cádiz

Radiografía del tejido asociativo de Cádiz: brecha digital y mayor exigencia tras el Covid

APDH-A reclama más expacios de debate y participación sobre asuntos de interés municipal y coordinación con las administraciones públicas

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  • Imagen de archivo de una rueda de prensa de APDH-A en Cádiz. -

El estudio diagnóstico 'Dinamización de la participación social en Cádiz', elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) concluye que "a pesar de la importancia y el conocimiento del reglamento municipal (aprobado en 2017), el 76% de las entidades encuestadas no participaron" en su redacción.

Asimismo, advierte, en cuanto al funcionamiento de las distintas mesas-foros sectoriales municipales de la disparidad de criterios para su desarrollo y la falta de instrumentos para colectivos concretos, como el LGTBIQA+.

Además, considera insuficiente la periodicidad de sus convocatorias y la necesidad de contar "con espacios para discutir otros temas de interés como Valcárcel, el uso de los parques, el transporte público, la conexión entre localidades de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz o los juzgados y también comunicar la preocupación por el incremento de las violencias machistas o la educación sexual entre la juventud".

El estudio diagnóstico también concluye que, "a pesar de que la mayoría de las entidades sociales tienen y usan redes sociales, la falta adaptación, como por ejemplo el uso de un lenguaje sencillo, a las necesidades específicas aleja, impide, restringe o dificulta" el derecho a la participación. APDH-A propone realizar un directorio actualizado e interactivo y de fácil acceso donde consultar los datos y recursos que ofrecen todas las entidades.

Al respecto, la asociación subraya que la atención específica usuarias de los colectivos se ha visto modificada en los últimos años, tras la pandemia. "El incremento de la situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social ha hecho que en sus organizaciones tengan que disponer del conocimiento de los recursos disponibles para realizar una intervención integral a las personas usuarias", explica, y obliga a contar con personal contratado en la mayoría de los casos.

Esto hace indispensable la coordinación entre administración pública y las asociaciones, plantea, finalmente.

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