El silencio de la colza treinta años después

 Tres décadas después de la mayor intoxicación alimentaria de España y de Europa, provocada por el consumo de aceite de colza adulterado, alrededor de 4.000 de los más de 20.000 afectados por el síndrome tóxico han fallecido y un tercio de los que continúan vivos arrastran secuelas y patologías graves.

Aunque ya no son noticia en los medios de comunicación, todavía quedan alrededor de 16.000 víctimas de esa tragedia que conmocionó a España en la primavera de 1981.

Mañana se cumplen treinta años del fallecimiento del niño Jaime Vaquero, que vivía en la madrileña localidad de Torrejón de Ardoz y que se convirtió en la primera víctima mortal de la colza, aunque su muerte se atribuyó entonces a una neumonía atípica.

La mayoría de los afectados eran personas de clase trabajadora, principalmente en la zona centro del país, que adquirieron el producto en puestos ambulantes y mercadillos.

En un principio, no se encontraba ningún nexo entre ellos y no fue hasta un año después cuando las principales investigaciones apuntaron a que la causa común que tenían todos los afectados era el consumo de aceite de colza desnaturalizado con anilina.

El aceite fue importado desde Francia para uso supuestamente industrial y distribuido de forma fraudulenta para el consumo humano tras extraerle la anilina a alta temperatura, un proceso que dio lugar a la creación de compuestos tóxicos que causaron la grave intoxicación, bautizada por la OMS como síndrome tóxico.


UNA EXTRAÑA ENFERMEDAD


"Sabíamos que nos enfrentábamos a algo diferente de lo habitual y por ello casi todos los profesionales participamos del interés por saber el origen de esa extraña enfermedad", señala el doctor Manuel Posada, director del Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III y coordinador de la OMS para la investigación del síndrome del aceite tóxico.

Precisamente ese interés llevó a varios jóvenes médicos del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid a crear un grupo de estudio que analizó a los niños ingresados.

Este equipo fue el primero que descartó que se tratara de una infección y, por tanto de una neumonía, y que vinculó la enfermedad a una intoxicación alimentaria.

"Las epidemias no afectan a una familia sí y a otra no, a una calle sí y a otra no", ha explicado a EFE el doctor Juan Casado, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del hospital, que formaba parte de aquel grupo.

La investigación del Instituto Carlos III concluyó que la causa fue el aceite de colza desnaturalizado con anilina, pero todavía se desconoce el tóxico específico que la provocó. Ésta es una de las "espinitas" que aún tienen los afectados.

"Es cierto que el aceite estaba contaminado, quedó claro en la sentencia, pero nunca nos han dicho el agente tóxico que causó el envenenamiento", lamenta, en declaraciones a EFE, Mercedes García, afectada y portavoz de la Federación de Afectados y Consumidores del Síndrome Tóxico (FACSINTO).

El doctor Posada lo explica al precisar que "cuando se ingiere una sustancia con más de cien compuestos químicos nuevos y relacionados entre sí, la toxicología no es capaz de separar las acciones de ellos, porque en la práctica no se tomaron por separado, produjeron una enfermedad multisistémica y, todos, de alguna u otra manera, contribuyeron al desastre".

"Quizás en el futuro aprendamos que muchas exposiciones están produciendo enfermedades raras en personas susceptibles y que si no tenemos epidemias como la del síndrome del aceite tóxico es porque la exposición es a dosis muy bajas", advierte Posada.


UNA PATATA CALIENTE


A día de hoy, 4.537 de los 20.205 afectados han fallecido (aunque no todos a causa de la enfermedad) y un tercio de los pacientes vivos presentan secuelas y/o patologías mayores, tales como afectación neurológica, esclerodermia (piel dura), hepatopatía crónica y, sobre todo, hipertensión pulmonar, una enfermedad incurable, muy grave, que va deteriorando la salud progresivamente.

A estas "grandes" lesiones, se le suma el hipotiroidismo y factores de riesgo cardiovasculares en mayor proporción que en la población en general, señala Posada.

Es el caso de Mercedes García, que contrajo la enfermedad con 21 años y que ahora, treinta años después, tiene un organismo de una persona de 70 años.

La intoxicación le ha impedido trabajar y llevar una vida normal, toma 24 pastillas diarias "para poder estar en pie" cada día y padece una incapacidad total, por la que no recibe ninguna pensión.

No obstante, se considera una de las "afortunadas" que continúan recibiendo asistencia médica en la unidad de seguimiento del Hospital Doce de Octubre de Madrid, la única consulta especializada que aún queda en marcha en todo el país, de la que se encarga María Antonia Nogales.

"La doctora Nogales es fenomenal pero está ella sola para atender a más de 500 afectados", se queja Mercedes, quien recuerda que las autoridades sanitarias intentaron cerrar la unidad hace dos años pero la presión de los pacientes lo impidió.

Ahora, las reivindicaciones de los afectados se centran en que la Comunidad de Madrid, responsable del hospital, incorpore un ayudante a tiempo completo, que realice las labores administrativas que lleva a cabo la propia doctora.

"Hemos escrito al consejero de Sanidad, pero no nos ha contestado y estamos recogiendo firmas. Vamos a hacer toda la presión que sea porque es lo único que nos queda", subraya la portavoz de FACSINTO.

Mercedes asegura que los políticos se han olvidado de los afectados y la sensación que éstos tienen es que "somos la patata caliente que se han ido pasando unos a otros".

Al igual que la gran mayoría de los en enfermos, esta madrileña se considera "víctima de un terrorismo de Estado; un Estado que no supo velar por sus ciudadanos".

"Somos una población a extinguir y de los afectados que quedan vivos, unos 2.700 tienen incapacidades no contributivas porque en su momento eran niños o amas de casa que no habían cotizado".


EL JUICIO MÁS LARGO


El drama sanitario dio paso al proceso judicial más largo de la historia de España que condenó, en un primer juicio, a 13 aceiteros de un total de 38 procesados, todos ellos ya en libertad, y en un segundo proceso, a dos altos cargos de la Administración, por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, que no llegaron a ingresar en prisión.

Esta segunda condena estableció la responsabilidad subsidiaria del Estado, que le obligó a hacerse cargo de las indemnizaciones al declarase insolventes los aceiteros.

Para Mercedes "la justicia no existe", pues aún quedan alrededor de mil afectados que no han cobrado ninguna indemnización porque no aparecen en el censo judicial, a pesar de sí estar registrados en el censo administrativo, que elaboró la Oficina de Gestión del Síndrome Tóxico.

Hasta el 20 de enero de este año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el pago de 2.393 millones de euros en autos de liquidación con reconocimiento de indemnización a los afectados, según fuentes jurídicas.

"Antes estaba el PP, hoy está el PSOE y es lo mismo. No le debemos nada a ningún político. Lo ganamos por una sentencia. Nos está pagando el Estado porque resultó responsable civil subsidiario".

"Somos unos olvidados", concluye rotunda Mercedes.