El Ayuntamiento de Cádiz da por hecho de que el próximo año habrá que revisar al alza la tasa de residuos, de acuerdo al cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
El PP considera que no es preciso incrementar la presión fiscal a los ciudadanos porque la normativa traspone varias directivas comunitarias, entre otras la Directiva 2018/851 de residuos, “en la que se escuda el Gobierno para implantar la subida, sin que “imponga obligación alguna”. “Tan solo señala los objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales”, explican los populares.
“A pesar de ello, la Ley obligará a este Ayuntamiento, y al resto, a repercutir a partir del próximo 10 de abril, el coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos, por lo que la subida parece inevitable y las consecuencias, muy negativas”, agregan.
El PP añade que “la implantación obligada de esta tasa supone un ataque contra la autonomía municipal y es que, precisamente, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, es la que determina que son los municipios, o en su defecto las entidades locales, las que deben establecer sus propios tributos”.
Sin embargo, considera que “la imposición de esta normativa a los ayuntamientos supone una clara invasión de sus comptencias locales, al impedir explícitamente que puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal”.
Por todo ello, la formación presentará una mmoción en el Pleno para instar al Ministerio de Hacienda a “respetar dicha autonomía local y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer y ordenar sus propios tributos” y al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad de implantación y aplicación de la tasa de residuos por el 100% del coste contemplada en la ley”.
