El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), destaca paralelismos entre el caso de los supuestos ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía y el caso Bahía Competitiva ya que, además de "estar metidas la Consejería de Empleo y la Agencia IDEA", también hay "una misma manera de actuar y de utilizar el dinero público".
En una entrevista concedida a Europa Press, Loaiza ha especificado que en el caso Bahía Competitiva "el dinero para la creación de empresas supuestamente se utilizaba en beneficio propio, con despilfarro, sin control ninguno y para amiguetes".
Preguntado por el punto en el que se encuentra la investigación, indica que por el momento continua en fase de instrucción, si bien "cada día se demuestra más que esto es una trama organizada de algunos empresarios con personas muy relevantes del PSOE".
Por ello, piensa que los gaditanos tienen que saber que "hablar del PSOE hoy, por mucho que duela, es hablar de esta manera de actuar y de corrupción".
Además, apunta que los socialistas gaditanos han "aprovechado" este caso para "arreglar sus cuitas internas", ya que entiende que a la edil sanluqueña María José Valencia -exvicepresidenta del IEDT de la Diputación- "se la elimina porque es contraria a Irene García", la secretaria provincial del PSOE y alcaldesa de Sanlúcar.
Así, recuerda que también había una diputada "con imputaciones" como la exalcaldesa jerezana Pilar Sánchez y "no se la destituyó". En el caso concreto del Bahía Competitiva, también está imputada la gerente provincial de IDEA, Rosa Mellado, y no se la destituye; apostillando que si "no fallan" sus datos, "Perales -por el imputado exgerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales-sigue cobrando de la Junta".
Por tanto, después de "haber utilizado esto para arreglar sus problemas internos, para venganzas", afea a los socialistas que pretendan dar al PP una "lección de ética, sobre todo cuando esto es todo lo contrario". En este punto, deja claro que, a su modo de ver, "quien la hace la tiene que pagar, pero también hay una cosa en la Constitución que se llama presunción de inocencia" y que debe ser respetada.
Cabe recordar que Valencia ha sido temporalmente cesada de sus responsabilidades como edil del gobierno sanluqueño y se ha solicitado también su suspensión de militancia en tanto que se aclare su vinculación o no con los hechos investigados y, según se dijo desde el gobierno local, para "mantener lejos de la administración local y del partido cualquier atisbo de corrupción".
También es reseñable que Valencia expresó el año pasado su "temor a represalias" por parte de la alcaldesa sanluqueña por haber participado de una lista alternativa a la de la regidora en el último Congreso Provincial.
