El grupo de diputados de IULV-CA va a elevar al próximo Pleno de la Diputación una moción con la intención de recabar el compromiso de colaboración con la Junta de Andalucía y con la Consejería de fomento y Vivienda para iniciar y desarrollar actuaciones conjuntas, en aras de garantizar en el ámbito de la provincia gaditana la función social de la vivienda.
Según se expone en la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, viene desarrollando una política "tendente a ofrecer soluciones ante la grave situación de emergencia habitacional que padece nuestra Comunidad Autónoma".
Así, señalan que en el inicio de la actual legislatura, en el mes de junio, se "paralizaron" todos los desahucios del parque público andaluz de viviendas. El último paso, señalan, ha sido la aprobación, el pasado 9 de abril, del Decreto ley de aseguramiento de la función social de la vivienda, "una decisión firme adoptada para proporcionar protección a las personas en situación más vulnerable, y con el objetivo de devolver a la vivienda su esencia de derecho humano fundamental, contribuyendo a frenar su mercantilización desenfrenada que tanto ha tenido que ver con esta crisis estafa cuyas consecuencias vienen padeciendo quienes nada han hecho para provocarla".
Aseguran que esta política "contrasta" con la "clara defensa del interés general con el inaudito proceder del gobierno central", que según apuntan ha dejado "sin efecto" la Iniciativa Legislativa Popular llegada al Congreso de los Diputados "con el aval de más de un millón y medio de firmas".
Así, aseguran que Andalucía "ha roto con el continuismo" y ha puesto sobre la mesa un instrumento legal que marca "un inequívoco punto de inflexión". El Decreto de la función social de la vivienda, según sostienen, quiere acabar con el binomio "casas sin gente y gente sin casas, fomentando la salida al mercado de alquiler de las más de 700.000 viviendas que se encuentran vacías en nuestra Comunidad, con incentivos para las personas físicas y sanciones para las jurídicas que no cumplan con el objetivo perseguido de facilitar el derecho de habitación".
Por lo expuesto, el grupo de Diputados de IULV-CA eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación Provincial una propuesta de acuerdo para que la Institución provincial manifieste su compromiso de colaboración con la Junta de Andalucía y con la Consejería de fomento y Vivienda para iniciar y desarrollar actuaciones conjuntas, "en aras de garantizar en el ámbito de nuestra provincia la función social de la vivienda".
Asimismo, reclaman manifestar su respaldo "activo" a las medidas contempladas en el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda así como la total disposición institucional para colaborar en lo que sea necesario, dentro de sus competencias, facilitando con ello la aplicación del decreto.
