La normalidad de la gestión diaria del Ayuntamiento de Cádiz se ha visto turbada en la mañana de este viernes, sobre las 11.15 horas, cuando una llamada que alertaba de una amenaza de bomba ha provocado que el Consistorio fuera desalojado por completo, tanto el personal funcionario que atiende al ciudadano como el Pleno de la ciudad, que se estaba llevando a cabo de las 9.30 horas.
Así, tras algo más de una hora, la normalidad ha vuelto al Ayuntamiento, según explica David Navarro, concejal de Seguridad Ciudadana en declaraciones a los medios de comunicación, tras la exhaustiva investigación de la policía. A las 12.00 aproximadamente el personal podía ir entrando en el Ayuntamiento, y a las 12.30 horas se había restablecido la normalidad del Pleno.
Según explica el edil, la llamada se ha registrado en el Servicio de Atención al Ciudadano, sin que en principio se le diera una gran importancia, debido a los pormenores de la misma, pero con todo se puso en conomiento de los gestores públicos, activándose así los dispositivos de seguridad y vigilancia y "el protocolo lógico en estos casos", indica Navarro. Y es que, como destaca, "por cómo se desarrollaba la llamada, el acento y el tono, son condicionantes que te indican la veracidad o no de la llamada, pero se han activado todos los protocolos".
Así, asegura que en principio han sido el equipo de Vigilancia del Ayuntamiento y la Policía Local las que han hecho un rápido examen de las dependencias municipales, a la vez que se ha requerido la presencia de la Policía Nacional, que es la competente en este tipo de situaciones. Por otro lado, ante el aviso, "a pesar de que no tuviera los indicios de veracidad suficientes, se ha activado el protocolo", por lo que la gestión administrativa y el Pleno quedaron suspendidos.
Por otro lado, existe otra fase, que es la desalojo del personal del Consistorio, habiéndose acordonado la plaza San Juan de Dios por motivos de seguridad, mientras que la unidad canina de la Policía Nacional, especialista en este tipo de casos, ha hecho una inspección de todas las dependencias para "tener la tranquilidad de que la llamada no tenía veracidad ni peligro" para todos los que se encontraban en la Casa Consistorial.
Así, y por el buen desarrollo de esta situación, que ha quedado en simple anécdota "que contar a los nietos", como destaca David Navarro, el edil felicita a los miembros de seguridad del Ayuntamiento, a la Policía Local, a la Policía Nacional, tanto los que de manera diligente han llegado desde la Comisaría gaditana como la unidad de la patrulla canina y explosivos, así como al personal municipal y los que se encontraban en el Pleno así como los medios de comunicación, "porque el desalojo ha sido ejemplar", indica.
David Navarro no puede especificar, como bien indica, la hora justa de la entrada de la llamada, pero sí informa que ha sido un autor y no autora, y por el acento y algunos dejes del habla que se han podido tener en cuenta en el transcurso de la llamada "no es de muy lejos", pero será la investigación policial la que determine al detalle estos aspectos.
Navarro confía en que en la tarde del viernes se cuente con las diligencias policiales, reconociendo que en 24 años que lleva trabajando en el Ayuntamiento no recordaba que hubiera pasado algo similar con anterioridad. Por otro lado, y siendo un asunto que se encuentra en manos de los agentes de la Policía Local y Nacional, y que pasará a disposición del juez, el edil gaditano indica no poder más datos acerca de la investigación, que tendrá que tomar los cauces normales y habituales. Aún así, asegura que "puede ser constitutivo de un delito por alertar de forma falsa, con el agravante de que se estaba desarrollando el Pleno, por tanto la cosa puede ser grave para el autor de la llamada, no va a ser plato de buen gusto reclamarle esta gracia".
Añadir que, de acuerdo con el artículo 561 del Código Penal, el que, con ánimo de atentar contra la paz pública, afirma falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a 24 meses, atendida la alarma o alteración del orden efectivamente producida.
