Ruiz Boix:“Defender a las Diputaciones debe ser una prioridad para todos los corporativos del pleno”

El diputado provincial socialista y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, considera que “la Constitución española determina como organización territorial del Estado las autonomías, las provincias y los municipios, por lo tanto, reconoce, claramente, la capacidad de gobierno que posee cada uno de ellos”. Así pues, la provincia es considerada como una entidad local condicionada por una agrupación de municipios los cuales “están obligados a cumplir con las funciones y las actividades del Estado”, argumenta el diputado. En este sentido, tras la reunión mantenida la pasada semana entre los representantes de las ocho Diputaciones andaluzas, conformando de ese modo los acuerdos de la FAMP respecto a la defensa de las Diputaciones, y en la que Ruiz Boix estuvo presente, el diputado considera que “es necesario que vayamos en la misma dirección y que consensuemos en el pleno de la Diputación las propuestas presentadas, tanto por el Grupo Socialista como por el Popular, ambas con el mismo objetivo y trazar, así, un acuerdo que recoja las líneas adoptadas en esa reunión y así lo trasladaré durante el mismo”. 
Por todas estas razones, Ruiz Boix considera que “el papel que desempeñan las Diputaciones se ha centrado, principalmente, en el desarrollo local de todos los municipios de las respectivas provincias, atendiendo a un criterio que desvincula tanto a las distinciones de ubicación geográfica, el tamaño de los mismos o la capacidad económica que posean con objeto de salvaguardar la base del estado de bienestar para todos por igual”. Asimismo, considera que “las Diputaciones deben modernizarse y fijar su función en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000 habitantes”. Sigue diciendo que “la actividad principal que llevan a cabo las entidades provinciales es la de prestar apoyo a los municipios, quedándole unas competencias casi residuales”. Para defender esta afirmación Ruiz Boix nombra la LAULA la que sólo reconoce las competencias en las carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y museos en instituciones culturales de interés provincial, por tanto, “las competencias de las Diputaciones están enfocadas en la asistencia a municipios”, indica el vicepresidente.
Sin embargo, apunta Ruiz Boix “defendemos firmemente su vigencia, ya que de no existir habría que inventar algo similar con el objetivo de llevar a muchos municipios servicios básicos como bomberos o recaudación”. La cohesión territorial es otro de los factores claves en la defensa que hace el diputado socialista de las instituciones provinciales, así como la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del patrimonio etnográfico y la redistribución de recursos. “Creo que debemos estar abiertos al diálogo y el debate para adaptarlas al S.XXI, pero entendemos que cualquier cambio de la estructura territorial del Estado tiene que tener un consenso político y social amplio como así se habló durante la reunión en Sevilla”, asevera el socialista.
Por todo ello, Ruiz Boix insistirá en el pleno para que los acuerdos que se adopten tras esta moción presentada por el Grupo Socialista, sea acorde a la presentada por el PP y junto a los demás grupos poder realizar una propuesta conjunta de la corporación que contemple el reconocimiento del importante papel que desempeñan las Diputaciones con el fin de garantizar la autonomía local, especialmente, en los municipios menores de 20.000 habitantes. Por último, Ruiz Boix señala que  “el Pleno Corporativo debe defender que la reforma de las administraciones públicas que se puedan realizar incluyan la modernización de las Diputaciones con el fin de reformular su papel como espacio de encuentro entre los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan la mejora, la eficacia y la eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios con transparencia, racionalidad y democracia”. Es importante, dice también, que “todos los acuerdos consensuados por el pleno sean remitidos tanto a la FAMP como a la FEMP, así como a los municipios de la provincia, así como a los Grupos Políticos y a las presidencias del Congreso y el Senado”.