La Policía Nacional ha informado de la localización y detención en México del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, al que le constaba una orden de detención e ingreso en prisión tras ser condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo (TS) a ocho años de cárcel por el 'caso Rilco', según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.
La Audiencia Provincial de Cádiz dictó en marzo de 2015 una orden internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra Rodríguez de Castro, la cual incluía la extradición a España del reseñado en caso de que fuera localizado en el extranjero.
Cabe recordar que, en la etapa del Gobierno del PP, Manuel Rodríguez de Castro fue delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, concretamente desde julio de 1996 hasta febrero de 2001, fecha en la que fue cesado del cargo a petición propia.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo emitía el pasado 11 de marzo de 2015 una sentencia confirmando la condena a ocho años de cárcel impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz el 22 de julio de 2013 por el 'caso Rilco', cuyo juicio se celebró desde el 24 de marzo de ese año y se prolongó durante once días.
Asimismo, el TS le imponía una multa de ocho millones de euros por un delito de fraude en la obtención de subvenciones, estimando de esta manera parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por el PSOE de Cádiz, en cuanto que reclamaron que la sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz había omitido la pena de multa ahora impuesta.
El Supremo confirmaba el resto de la condena: seis años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y otros dos años de cárcel por fraude en la obtención de subvenciones públicas. A la pena de cárcel se suman 30 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Del mismo modo, el TS estimaba el recurso del abogado del Estado, apoyado por el fiscal y por el propio condenado, y retiraba los 235.500 euros que le habían sido impuestos por responsabilidad civil derivada de los delitos objeto de condena, al considerar que en esa materia se debe estar a lo establecido por el Tribunal de Cuentas en la determinación de la responsabilidad contable, que ya le condenó en 2011 a pagar los 1,6 millones de euros en los que perjudicó a los caudales públicos del consorcio.
