La Audiencia Provincial de Cádiz acoge desde este martes el juicio por el caso Quality Food sobre supuestas irregularidades con el Consorcio de la Zona Franca. Está previsto que la vista oral dure casi un mes en la Sección Tercera de la Audiencia gaditana.
A su llegada a la Audiencia Provincial, Manuel García Gallardo, empresario de San Fernando y principal acusado en el caso Quality Food sobre supuestas irregularidades con el Consorcio de la Zona Franca, señaló que “estamos encantados de estar aquí, después de 14 años aguantando una acusación absolutamente injusta y que tendremos la oportunidad de demostrar, gracias a dios, que todo esto es un acusación absolutamente falsa, basada en argumentos absolutamente falsos para no pagarnos lo que la justicia ya sentenció en el Juzgado de lo Mercantil, en la Audiencia Provincial y hasta el Tribunal Supremo”.
García Gallardo cree que “ccultar y negar la mayor es lamentable, pero confiamos en la justicia”.
Por su parte, el exdelegado del Estado para la Zona Franca, Miguel Osuna, al llegar indicó que “no voy a hacer declaraciones”, aunque añadió que está “deseando que termine, confiando en que se aclare”.
Su abogado, Felipe Meléndez, indicó simplemente que “de momento hoy se tienen que resolver las cuestiones previas y ya empezaremos con el desarrollo del juicio”, sin aclarar si pactarán una conformidad.
Otro de los acusados, el que fuese jefe de gabinete durante el mandato de Osuna, José Manuel Fedriani, se negó a realizar declaraciones.
La causa trata de aclarar una presunta estafa a la Zona Franca de Cádiz por el empresario Manuel García y su familia con la puesta en macha en el año 2000 de la compañía alimenticia Quality Food, cuando era delegado del Estado para la Zona Franca, Miguel Osuna.
Por su parte, el juzgado cerró la instrucción --que se abrió en 2005 con una querella de Zona Franca al empresario-- en un auto en el que mantenía acusación contra el empresario, su familia, Osuna y el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, exdirector de la Zona Franca, para quien la Abogacía del Estado solicita siete años de prisión por presunta malversación y fraude, al igual que para el exdelegado Miguel Osuna.
La vista oral juzgará si se cometieron irregularidades en la compra de las acciones de Quality Food, así como si la operación se hizo de espaldas al comité ejecutivo o si el empresario Manuel García ocultó la deficitaria situación de la empresa para enriquecerse ilícitamente a costa de la Zona Franca con el conocimiento del entonces delegado y la participación del exdirector del Consorcio.
