En la escala de evaluación de datos oficiales disponibles el 1 de diciembre pasado sobre la aplicación de la ley, la Comunidad Valenciana y Canarias obtienen 0,5 puntos; Murcia, 1; Madrid, 2; Baleares, 3; Extremadura, 4; y el Imserso (dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social), 4,5.
Aprueban con 5 Asturias, Cataluña y Galicia; Cantabria consigue 6,5; Navarra y Aragón, 7; y Castilla y León y La Rioja, 8,5, según una nota remitida por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
El Observatorio, reunido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), considera “muy preocupante” que una tercera parte de la población española viva en comunidades autónomas en las que existe “falta de voluntad institucional” de implantar el sistema, y cita en este caso a la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia.
Las CCAA que han integrado la dependencia en sus redes de servicios sociales y que han contado con las entidades locales consiguen mejores resultados que las que han optado por modelos de gestión “centralizados” y han creado estructuras “paralelas”.
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Euskadi o Navarra son “ejemplo positivos” de la colaboración entre las administraciones autonómicas y locales, con un incremento de recursos para que éstas últimas puedan cumplir sus funciones.
En el capítulo de gasto autonómico por habitante y año, la diferencia máxima se sitúa entre los 71,47 euros de La Rioja y 71,42 de Cantabria y los 5,18 de Murcia y 4,01 de Baleares.
Por encima de la media (30,7) están Asturias (36,87), Aragón (37,96), Castilla-La Mancha (42,14), Andalucía (50,09) y Castilla y León (57,85). Por debajo, Galicia (27,01), Cataluña (25,84), Extremadura (24,15), Madrid (20,64), Valencia (19,65) y Canarias (-1,9).
