La jueza ha decretado un nuevo aplazamiento del juicio contra el clan de los Pantoja, con 14 acusados de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de hachís en el Estrecho, cuyo comienzo estaba fijado hoy, martes, en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.

La abogada de uno de los acusados, contagiada de Covid, presentó este lunes por la tarde la documentación que acredita su situación médica, por lo que el tribunal ha acordado con las partes la suspensión de la vista oral, que queda fijada para el mes de septiembre de este año, con cinco sesiones fijadas entre los días 12 y 16 de ese mes.

Es la segunda vez que este juicio sufre un aplazamiento, después de que el 27 de septiembre del pasado año quedase aplazado tras la renuncia de uno de los acusados a su defensa, alegando que el letrado no se había estudiado el caso, por lo que quedó pospuesto hasta hoy, 1 de febrero.

Javier Muriel, el abogado que representa al considerado el cabecilla del clan, Jesús Heredia, ha lamentado esta segunda suspensión de la vista oral, y señala que su defendido está “bastante harto”, ya que “queríamos celebrarlo la primera vez y ahora nos encontramos con este segundo contratiempo, pero son causas imperativas”, ha explicado.

 

Los catorce acusados (en la causa son diecisiete, pero tres se hallan en rebeldía procesal) se enfrentan a un total de 199 años de prisión y 172 millones en multas.

Tanto para Heredia, el presunto líder, como para otros doce acusados la petición de penas es de trece años de prisión y doce millones de euros en multas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación.

En el caso de uno de los acusados, esa petición se amplía a trece años y nueve meses de prisión y catorce millones de multa debido a un grado mayor del delito contra la salud pública, y a 16 años y tres meses de prisión y catorce millones de multa en el caso de A.H.A.H., a quien se le suman delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad.

Tras meses de investigación, fue el 12 de diciembre de 2019 cuando se produjeron los hechos por los que se les juzga, cuando tras un alijo en la zona de La Ballenera, en Algeciras, se inició una persecución por carretera tras la que fueron intervenidos 1.050 kilos de hachís, además de varios vehículos, armas y dinero en efectivo, al igual que en los posteriores registros que se llevaron a cabo a raíz de esta intervención.