El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el caso Mediador, ha solicitado que se rastree en Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde el patrimonio que pudiera tener el general ya jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, por su supuesta implicación en la presunta trama y en prisión por estos hechos.
Según ha publicado este domingo el periódico La Provincia, la titular del Juzgado también ha solicitado información de una cuenta de Espinosa en Bélgica por si pudiera tener relación con el caso, una supuesta red de extorsión a empresas de ámbito ganadero y alimentario a cambio de evitar inspecciones sanitarias o de agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas.
Los delitos que se le imputan a Espinosa se circunscriben a los años 2020 y 2021 en los que se encontraba en el proyecto GAR SI Sahel, de formación a agentes de los países de ese área africana y coordinado por la Unión Europa, por lo que no dependía de la estructura orgánica de la Guardia Civil.
Espinosa fue jefe de la Comandancia de Las Palmas hace una década y, según han publicado los medios de Canarias, se le intervino una importante cantidad de dinero en efectivo en su domicilio de Madrid.
En esta trama fueron detenidos también, además de Espinosa Navas, el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario Taishet Fuentes y su tío, el diputado en el Congreso Juan Bernardo Fuentes -que ha renunciado a su acta-. Ambos han sido suspendidos de militancia en el PSOE.
El único de los doce arrestados en la causa al que se ha ordenado ingreso en prisión ha sido a Espinosa Navas, a quien se le ha impuesto prisión provisional comunicada e incondicional.
En la trama figura también el matrimonio catalán propietario de la empresa que comercializa Leche Sandra, Esteban Banús e Inmaculada Roca, detenidos en Gran Canaria el pasado martes por su presunta implicación y que fueron puestos en libertad sin medidas cautelares.
Ambos han pedido este domingo que se respete el derecho a la presunción de inocencia, según han informado a EFE sus abogadas, María Rosa Díaz-Bertrana y Pino López.
El matrimonio prestó declaración en el juzgado de guardia de Telde (Gran Canaria) de Instrucción número 2, han indicado las letradas, quienes han recalcado que no deben producirse "juicios paralelos perjudiciales para la reputación de las personas afectadas cuyos efectos son difícilmente reparables".
Además, han expresado su "máximo respeto" por la investigación del Juzgado de Santa Cruz de Tenerife por posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, falsificación y tráfico de influencias.
Al matrimonio se les investiga por la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Según sus letradas, Banús y Roca tras su arresto mostraron su "plena" colaboración con la autoridad judicial y policial para aclarar los hechos de la supuesta red.
Con motivo de su detención se llevó a cabo un registro en las oficinas del municipio grancanario de Ingenio, donde se ubica la empresa propietaria de Leche Sandra, Mec Suministra (dedicada también al asesoramiento y suministro de piensos, forrajes y cereales), en el que ambos colaboraron con la Justicia, según la nota remitida por las abogadas.
Campo de Gibraltar
Investigan el patrimonio en África del exjefe de la Comandancia de Algeciras encarcelado
El Juzgado que investiga la posible extorsión a empresas ganaderas con ayudas europeas solicita rastrear los bienes de Francisco Espinosa
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