El PP está dispuesto a plantear un proceso contencioso administrativo al Gobierno local si en el Pleno de mañana se desestima el recurso de reposición interpuesto por el primer partido de la oposición municipal contra el acuerdo plenario por el que se autoriza la cesión de la concesión para la explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza Mayor a favor de Solarmac SL. Si el Pleno desestima el recurso, el PP pondría el contencioso y estudiaría una posible denuncia por lo penal por presunta prevaricación.
El concejal del PP Andrés Núñez argumenta en defensa del recurso que el expediente de cesión se aprobó “pese el informe desfavorable de los técnicos municipales” que se basa en la legislación vigente que indica que han de pasar un quinto del período de concesión para realizar la cesión a otra empresa. “La concesión del aparcamiento es por cuarenta años, por lo que deberían de pasar ocho para que fuese legal, o sea, hasta 2017”, puntualizó Núñez.
Según los cálculos de los populares, “el PSOE se va a saltar la ley, porque esta chapuza de Román puede costarle a los chiclaneros ocho millones de euros”. Esta cantidad corresponde a la indemnización, en concepto de la inversión realizada en la construcción del aparcamiento y el edificio Plaza Mayor, a abonar por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria por la paralización de la concesión antes de la finalización del contrato suscrito.
“Nos culparán de que cueste ocho millones, pero en realidad es culpa del PSOE por llevar a cabo un proyecto no rentable por el que ahora hay que indemnizar a la empresa”, destacó el edil popular.
Núñez asegura que “los técnicos dicen que no es legal, la comisión consultiva de Hacienda dice que no es legal y se buscan el informe externo de un bufete de abogados de Sevilla para salvar la situación”. Este informe, subraya el concejal, “no cuenta ni con la firma del abogado que lo ha realizado ni con el sello oficial del despacho de abogados”. El popular también destaca que el expediente de la cesión “tampoco cuenta con la firma de la mayor autoridad jurídica del Ayuntamiento: el secretario general”.
El Grupo Municipal Popular de Chiclana no descarta que los socios del Gobierno local (IU y PSA) se desmarquen de la postura del PSOE y acaben absteniéndose en la votación “ante la evidencia de que se trata de una ilegalidad”. Si se produce esta circunstancia y toda la oposición vota en contra de desestimar el recurso del PP, tendría que anularse el acuerdo plenario de cesión.