Tres de los doce acusados de pertenecer a una red de robo y contrabando de vehículos de lujo, cuyo juicio ha sido aplazado hoy, han llegado a un acuerdo con la fiscalía por lo que se han dictado sendas sentencias de conformidad.
El juicio, que tenía previsto comenzar esta mañana en la Sala Sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago, contra una trama dedicada al robo de coches de lujo, ha sido aplazado debido a la incomparecencia de varias de las personas que tenían que sentarse en el banquillo.
Fuentes judiciales informaron además de que uno de los acusados que se encontraba en situación de rebeldía se ha presentado en los juzgados de Santiago momentos antes del inicio de la vista.
El juicio tiene ahora como nueva fecha el 5 de febrero para dar tiempo a esta persona a que presente su escrito de defensa.
Dos de los acusados firmaron sentencia de conformidad de seis meses de prisión y multa de 900 euros por un delito de falsificación de documentos oficiales, mientras que el tercero ha sido condenado a seis meses de prisión por delito de receptación.
La Fiscalía ha retirado la acusación con respecto a otros dos acusados, dado que ya habían sido juzgados en Barcelona por hechos derivados de la causa.
De las casi treinta personas que en su día fueron detenidas en toda España, dos de ellas en la provincia de Pontevedra, en el marco de la denominada Operación Boquerón, sólo doce han sido acusadas formalmente, ya que el resto se encuentra en paradero desconocido.
Los abogados de algunos de los acusados que hoy se presentaron para el juicio se han reunido con el fiscal para intentar pactar los respectivos escritos de conformidad.
Entre los delitos que se les imputan a todos ellos, en su mayoría de origen magrebí, figuran los de robo con fuerza, de asociación ilícita, de hurto y receptación, y de falsificación de documentos.
Las pesquisas para desarticular esta red de robo y contrabando de vehículos de lujo comenzaron en 2006 al descubrirse en el municipio coruñés de Boqueixón una nave en cuyo interior se hallaban siete vehículos de alta gama, algunos de los cuales no tenían placas de matrícula y uno concretamente, marca Mercedes, portaba la placa de un Peugeot 307 perteneciente a un concesionario de Madrid.
Los acusados, según el escrito del fiscal, forman parte de una organización criminal cuyo 'modus operandi' habitual consistía en sustraer los vehículos, habitualmente en concesionarios y talleres, utilizando para circular con ellos placas sustraídas de otros vehículos o extranjeras.
Como fase intermedia, en sus operaciones los integrantes de la red ocultaban los vehículos en localidades próximas a poblaciones con puertos, habitualmente Sevilla, Algeciras o Vigo, entre otras, desde donde los embarcaban en contenedores hacia su destino final, tras modificar los números de bastidor y documentarlos con placas y autorizaciones falsificadas.
El escrito del fiscal indica que los acusados forman parte de una estructura organizada para delinquir, siendo el promotor y director de la misma Wahid Abboud, con residencia normalmente en el área de Barcelona.
Junto a la jefatura de Wahid Abboud, y como corresponsable de la citada organización delictiva, figura el también acusado Abdelali Laabidi, "constituyéndose ambos en dirigentes de la misma".
