Los flujos migratorios hacia Europa están cambiando, y lo hacen con importantes consecuencias para el Estrecho de Gibraltar. Las restricciones que se están produciendo en habituales zonas de entrada desde Italia, Grecia, Turquía o Libia están provocando que las mafias pongan las manos en esta punta del continente.

Las formas de intentar llegar a este lado del Estrecho también se están transformando. Se está incrementando el uso de motos de agua, sobre todo en el transporte de menores.
“Desde marzo están todos los centros de menores del Campo de Gibraltar y Andalucía saturados”, apunta el investigador de la Universidad de Granada y mediador intercultural José Carlos Cabrera.

Por sus años de estudio, y sobre el terreno como mediador intercultural en el centro de protección de menores de El Cobre, en Algeciras, Cabrera conoce de cerca los entresijos de este tipo de movimientos.
Por eso le llamó la atención la reciente llegada a las costas del Campo de Gibraltar de una patera con aproximadamente medio centenar de personas.

Entre los que tocaron tierra había ciudadanos de países de Asia. En concreto, de India, Pakistán y Sri Lanka, lo que supone una novedad en el flujo “habitual” de subsaharianos que huyen hacia el norte por distintos motivos sociales y económicos.

Algunas de estas personas ha llegado a pagar entre 14.000 y 21.000 euros a las bandas organizadas que negocian con las desgracias ajenas. En el caso de las personas procedentes de países asiáticos, el modo de actuación en algunos casos es el transporte de estos emigrantes en avión desde Asia hacia Marruecos. “Una vez allí se han dado casos de secuestros de aquellos que ya pagaron, y que se han visto a desembolsar nuevas cantidades de dinero”, reseña Cabrera, miembro del Grupo de Investigación en Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Granada.

A la saturación mencionada de los centros de menores se añade la de los propios Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Cabrera llama a hacer una reflexión pública sobre el presupuesto público dedicado a estas instalaciones, ya que expuso que “el 45% de los internados sale en libertad”.

En cuanto a las posibles medidas para abordar estas nuevas tendencias migratorias y las ‘tradicionales’, el especialista propone que se busquen acciones efectivas en el marco de la Unión Europea, con políticas de cooperación al desarrollo en los países de origen. 

A nivel nacional, argumenta que la ley sobre la atención al menor está “obsoleta”, y que debe adaptarse a esta realidad de las últimas décadas. Paralelamente, incide en que son necesarias más medidas para la integración de estos jóvenes que llegan de parte de una cultura y una lengua distintas.