Era cuestión de días que Villa Celeste pasara a la historia, después de que la Audiencia Provincial decretara el derribo de esta vivienda ilegal, sita en el camino de la Fusta número 5, en el Pago Melilla. Así, este lunes se llevó a cabo el derribo de esta edificación de 120 metros cuadrados, que fue construida en 2003 sin licencia municipal de obras en suelo no urbanizable protegido de interés agrícola.

Minutos antes de las nueve de la mañana, operarios de la empresa Nivelaciones Buti (contratada por los hijos de Margit Irmgard, propietaria de la finca y que falleció en diciembre de 2007) comenzaron los primeros trabajos de desalojo de muebles, y retirada de rejas, puertas y ventanas de la vivienda. Una vez concluyeron los trabajos manuales, poco después de las 12.30 horas llegaba hasta la finca una excavadora y dos camiones, que llevarían a cabo los trabajos principales de derribo de la edificación de una planta.

En pocos minutos, la casa quedaba reducida a escombros, tal y como sucediera en el mes de marzo con otra vivienda ilegal construida en El Marquesado. “Es una pena que se haya llegado a este extremo, cuando hay 40.000 casas construidas de forma ilegal en Chiclana”, comenta un vecino de la zona, que presenciaba atónito el derribo de Villa Celeste.


Larga historia

La demolición de esta vivienda tuvo su origen en una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, una vez comprobó que se había levantado sin licencia de obras en 2003. El expediente le acusaba de atentar contra la ordenación del territorio y el caso llegó al Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz. Tras el juicio, la sentencia de esa sala absolvió a Margit Irmgard de todo cargo, al aceptar que se produjo un “error racional”, es decir, que la propietaria desconocía que era necesario contar con una licencia. Igualmente, el juez admitió que la vivienda no suponía un grave daño al entorno por estar ya excesivamente alterado por unas 800 casas.

Sin embargo, la Fiscalía de Medio Ambiente recurrió la sentencia y, a principios de 2007, la Audiencia Provincial revocó el fallo absolutorio y condenó a la procesada a seis meses de prisión, a una multa y al derribo de la vivienda por un delito consumado contra la ordenación del territorio. Los magistrados consideraron que no existió ese “error racional” que sí atendió el Juzgado de lo Penal, al entender que la procesada solicitó en su día una licencia para la explotación de un picadero en su propia finca y, por tanto, debía ser consciente de que también necesitaba una para levantar una casa. Asimismo la sentencia de la Audiencia Provincial rechazó el argumento exculpatorio de que ya existían otras 800 viviendas en la zona al considerar que “estas otras construcciones no puede disculpar la actuación del orden penal”.

Pese a que la vivienda tiene orden de derribo desde hace dos años, ésta no ha podido ser ejecutada hasta ahora, entre otros motivos, por el fallecimiento de la propietaria. Han sido los hijos los que se han hecho cargo de ejecutar la sentencia. De no haberlo hecho este mismo mes, habría tenido que intervenir el Ayuntamiento.

Segundo derribo de la historia

Cabe recordar que esta ha sido la segunda vivienda ilegal demolida en menos de ocho meses, ya que el pasado mes de marzo la Gerencia Municipal de Urbanismo procedió a derribar otra casa construida en suelo urbanizable sectorizado, que había sido levantada de forma ilegal en la zona conocida como Majada de los Chivos, en El Marquesado.