El equipo de Gobierno ha trasladado a los técnicos y a los redactores de la ordenanza para la regularización de viviendas ilegales que estudien la posibilidad de ampliar los plazos del proceso, de manera que “los vecinos dispongan de mayor tiempo para pagar los costes que le correspondan”. La medida -cuyos detalles están aún sin concretar- fue anunciada ayer por la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, quien aseguró que “el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano para facilitar lo máximo posible este proceso”.

Cabe recordar que ésta no será la única mejora que se introducirá próximamente, dado que la delegada ya anunció semanas atrás otras medidas encaminadas a reducir los costes de urbanización. En este sentido, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en elaboración, permitirá la construcción de más viviendas en las Áreas de Gestión Básica (AGB), de manera que los costes puedan repartirse entre más vecinos. De otro lado se ampliará el número de AGB, para que puedan acogerse a este proceso de regularización las construcciones en suelo urbanizable.

Asimismo, Verdier aseguró ayer que “no habrá inconveniente en asumir todas aquellas propuestas y alegaciones que sean viables, puesto que este proceso no va contra nadie sino todo lo contrario”.

A este respecto, la delegada recordó que actualmente siguen estudiándose las alegaciones, un trámite que se prolongará previsiblemente durante todo este mes, por lo que la aprobación definitiva de la ordenanza no podrá llevarse a cabo en noviembre como se preveía, sino que se retrasará a diciembre. “Esperamos que durante este mes queden contestadas todas las alegaciones y que a principios de diciembre se pueda celebrar un Pleno extraordinario. La aprobación de esta ordenanza es un tema obligado y necesario fundamentalmente para la ciudadanía”, explicó la delegada de Urbanismo.

Verdier también se refirió ayer a la manifestación convocada para el día 21 por la Plataforma de vecinos afectados por la regularización urbanística. A este respecto, dijo sentirse sorprendida de que este colectivo salga a la calle sin ni siquiera haber mantenido una reunión con el equipo de Gobierno. “Nunca nos han pedido una reunión. Sabemos que reclaman costes justos y reales y en eso es precisamente en lo que se está trabajando, en que el proceso sea lo más barato posible. Asumiremos cualquier posibilidad financiera que sea viable, siempre que no suponga un endeudamiento del Ayuntamiento que perjudique a la generalidad de la población”, concluyó.