"El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son". Pepe Mújica.
Es evidente que el sistema electoral necesita de manera urgente un cambio. Un sistema electoral que tuvo su origen en un Decreto-Ley de 1977, plasmado posteriormente en la Constitución de 1978 y regulado definitivamente en la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General de junio de 1985. Cuando un Estado instaura o reinstaura una democracia una de las primeras decisiones fundamentales que debe tomar es la elección del sistema electoral porque, a través de él, se crea el mecanismo para convertir los votos del pueblo en la representatividad del mismo. Por lo tanto, la elección siempre viene condicionada por la situación política y social del momento y por los objetivos que se quieran conseguir respecto a la composición del parlamento, a la elección del presidente del gobierno o del primer ministro y a la estabilidad y eficacia del gobierno resultante.
La transición de la dictadura a la democracia requirió no sólo de un fuerte ejercicio de consenso sino, también, de la instauración de mecanismos que ayudasen a la estabilidad política, siendo esta la causa de la elección de la Ley D Hont y de la configuración y número de circunscripciones electorales. Un sistema electoral que eliminase de un plumazo la multitud de partidos políticos nacientes y que, por tanto, favoreciese el predominio de partidos políticos fuertes, posibilitando un gobierno estable con apoyo de una mayoría absoluta de diputados y beneficiando a las circunscripciones territoriales en las que hubiese predominio de algún partido, es decir los partidos nacionalistas, para que pudiesen verse representados en las Cortes y, de este modo, darles sitio y poder a cambio de no agitar el independentismo. El objetivo de los líderes políticos de aquel momento fue todo un éxito. Tuvimos un sistema electoral que permitió fortalecer al PSOE y al PP, con la consabida alternancia en el poder, bajo gobiernos estables con respaldo parlamentario mayoritario. En todas aquellas legislaturas hubo acuerdos y pactos políticos, como la cuantiosa dotación económica que anualmente se incluía en los Presupuestos Generales del Estado a favor de Cataluña o del País Vasco, enmascaradas en inversiones en infraestructuras públicas. O los sistemas de financiación autonómica que beneficiaban a ambas Comunidades Autónomas. Pactos llevados a cabo tanto por PSOE como por PP, los que consideraron necesarios para solucionar problemas de Estado y sin que en muchos casos ni trascendiesen. De todo aquello arrastra, entre otros factores, el empobrecimiento de otras comunidades como es el caso de Andalucía, que pese a su proporcionalidad territorial y poblacional no ha salido del furgón de cola nacional y europeo. Pero esa es otra historia, la del que no llora...
La realidad nacional de hace más de tres décadas, incluso de hace sólo una, poco -o nada- tiene que ver con la actual. ¿Cuánto y cómo ha cambiado, social y políticamente, el país en los últimos años? No tiene por tanto sentido que el sistema electoral en sus diferentes ámbitos territoriales, sea el mismo que nació en 1977, lo cual provoca situaciones como la actual en torno a la investidura de Pedro Sánchez y a que un grupo determinado, que solo ha logrado un puñado de votos en comparación con el escrutinio nacional como es el caso de ERC, nos tenga agarrados por nobles partes a todos y estemos a punto de sucumbir a un chantaje de envergadura nacional. Chantajes en política hay muchos y todos se construyen bajo el principio de la suma matemática que otorga la mayoría, una mayoría que esconde la letra pequeña del acuerdo previo, del precio. Todo en la vida tiene precio, el poder también. Y suele ser caro. Y lo paga el amable contribuyente, sobre todo aquel que nunca se queja.
Pero, ¿a quién benefician en realidad estos acuerdos, al ciudadano por aquello de la cacareada estabilidad y del bienestar general o, en cambio, satisfacen más el interés personal y partidista de quienes los cierran? Porque puestos a ser escrupulosos con la propia ley electoral que en absoluto, a la vista está, nadie parece dispuesto a cambiar, ¿no debería estar regulado un método más sencillo de poder gobernar de manera estable sin este mercadeo execrable y, además, que pueda representar de forma más ajustada la voluntad del votante mayoritario?
Haberlos los hay, como por ejemplo el francés, que es un sistema electoral uninominal mayoritario a dos vueltas. Como sabemos nuestros vecinos eligen por un lado al Jefe de Estado –Presidente de la República- y por otro a los Diputados que conforman la Asamblea Nacional y de ahí sale el Primer Ministro y su Gobierno, que será el partido más votado. El sistema electoral para elegir al Presidente de la República está sujeto a dos vueltas, sólo el candidato que tenga mayoría absoluta en la primera vuelta se libra de confrontarse de nuevo en una segunda vuelta. Para la segunda vuelta se retiran los candidatos que no han superado un determinado porcentaje de votos, saliendo elegido el candidato con mayor número de votos en esa segunda vuelta. Este sistema de dos vueltas para elegir al Presidente está también en otros estados democráticos, como Reino Unido, EEUU o Canadá, todos con una democracia procedente de los siglos XVIII-XIX profundamente consolidadas. Y para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional el país francés se divide en 577 circunscripciones en las cuales el votante elige el candidato para representar su circunscripción. El candidato que obtiene la mayoría absoluta es designado representante de la circunscripción. Si ningún candidato de la circunscripción obtiene la mayoría absoluta pasan a la segunda vuelta los candidatos con al menos un 12,5 por ciento de los votos. Si este requisito lo cumple solo un candidato, o ninguno, la segunda vuelta se dará entre los dos candidatos con más votos en la primera ronda. La segunda vuelta el candidato que reciba el mayor número de votos es designado el representante de la circunscripción. Con este sistema electoral, claramente se eliminan las fuerzas políticas minoritarias, favorece las alianzas para el apoyo a los candidatos de la segunda vuelta y obliga al votante al voto útil, ya que si bien en la primera vuelta votará a quien más guste, en la segunda vuelta se ve obligado a elegir entre los más votados en la primera vuelta, entre los cuales, a lo mejor, ya no está quien más le gustaba, pero por contra consigue formación de gobierno del líder y partido más votado y una estabilidad y eficacia al contar con apoyo parlamentario mayoritario. Sin tener que supeditar el nombramiento del presidente, la formación del gobierno y la eficacia del mismo a un mercadeo de negociaciones de las que pueden resultar pactos que en modo alguno cuentan con el apoyo de todos los votantes del partido que negocia para poder gobernar.
Es sencillo, solo hay que querer. Pero quizás el negocio de la política sea más rentable para quienes lo practican con el modelo español actual, si bien la realidad social, territorial y política del presente nos llevará de atasco en atasco y para salir de ellos el único modo sea pagando un elevado coste. Es el precio del poder y el poder se debería dar o quitar por el pueblo, nunca dejando márgenes para que sea comprado por el político.
