"La señal infalible de un mal reinado es el exceso de elogios dirigidos al monarca". Marqués de Vauvenargues.
Aunque hay varias candidatas claras -sic-, aún falta por conocer cuál será este año la canción del verano. Desde que Fórmula V y su danzarín vocalista nos regalara aquella Eva María se fue... muchas, cada estío, la han sustituido, ritmos pegadizos con letras ridículas y con un palpable trasfondo sexual porque el verano invita al destape del personal, a la copa larga, al baile sueltecito -no es lo mismo manteniendo las distancias- y, de él, al roce veraniego posterior. Pero entre vigilantes y mascarillas, que vienen a ejercer de potente efecto anti libido porque ponerse to mona para tapar lo mejor es como pa ná, la canción de este verano está por descubrir: si fuera esta semana andaría por entre la crisis abierta en el PSOE-A frente a Susana Díaz por cuanto el tiempo de silencio ha llegado a su fin y sus críticos, que no son pocos, han decidido salir a la luz y hacerse la foto o, en rango más elevado, la crisis Real que por días adquiere dimensiones mayores en torno a la figura del hasta ahora inviolable Rey emérito Juan Carlos, sus desmadres y la posibilidad cada vez más cierta de que termine sentado en el banquillo. Sea una canción u otra, la cuestión es si mantener al menos los dos metros de seguridad ante estos bailes o, como es del gusto, arrimarse aún a riesgo de contagio por que la vida sin contactos es, lo sabemos todos, un asco.
Emérito. La propia Constitución, que es el texto mediante el cual nos regimos todos, suscribe dos primeras y claras contradicciones: los españoles somos iguales ante la Ley y no es cierto porque la inviolabilidad del Rey, la de los miembros del gobierno, diputados y senadores, junto a su inmunidad parlamentaria y aforamiento les hacen ciudadanos de otro orden y privilegiados con respecto a los demás frente a la Ley y nadie es capaz de explicar por qué, y, además, todos tenemos los mismos derechos al margen de nuestro género cuando sobre esto hay que recordar que Felipe VI es Rey al ser varón pese a que la primogénita es su hermana Elena, relegada del reinado exclusivamente por su condición de mujer, lo cual además de ir contra la proclamada igualdad sin distinción de raza, sexo, religión u opinión implica un machismo constitucional brutal respecto a la Corona. Por tanto, convivimos con una Constitución que suscribe unas cosas y públicamente acepta otras, los españoles también y esto, se me antoja, afila el carácter permisivo para determinadas ilegalidades que de buen grado acepta nuestra sociedad.
Porque aceptamos que nuestro Rey emérito sea un poco, digamos, entre aventurero de corte botsuano y azotacalles del tipo abrazafarolas debido a que nos han recordado hasta la saciedad el papel destacado que jugó en la transición y con ese aval inagotable y su inviolabilidad se lo ha pasado en grande durante décadas; perdido el temor general, la cosa pinta a que van a aflorar historias de entre las piedras como la yerba mala. Sabedor de ello su hijo, presto, anunció su renuncia a toda herencia paterna porque a saber la procedencia, bien es cierto que no ha renunciado a lo más importante que padre le deja y es a la misma Corona bajo la cual reina y, realmente, capea el temporal -Urdangarín, mientras tanto -es de suponer- sonríe desde su sombreado rincón actual-.
La historia de los reyes y reinas Borbones puede hacernos pensar que en sus genes, por decirlo de modo suave, hay cierto componente de relajación -más flojos que la guita de embalar-. El origen dinástico no parte de un linaje español por cuanto la cadena de reyes nacionales se rompió con Carlos II, que murió sin descendencia y, descabezada la monarquía española, el Rey Sol de Francia, Luis XIV, proclamó Rey de España a su nieto el Duque de Anjou, pasando a llamarse Felipe V y quedando así instaurada la monarquía borbónica. De este se cuenta que obtuvo grandes beneficios económicos con los acuerdos firmados en el tratado de Utrecht al conceder el monopolio del tráfico de esclavos a una empresa de la que él era accionista. Se dice que Fernando VII negoció con el Zar de Rusia la compra por España de una flota de barcos y que de esta operación recaló en el Rey una suculenta comisión; barcos que cuando amarraron en el puerto gaditano eran para puro desguace, inservibles para el ejército naval y, pese a ello, no se le exigió a Rusia devolución alguna. De este Rey, de su esposa María Cristina y de su hija Isabel, la Reina Isabel II, relatan historiadores que permitieron el traslado de esclavos guineanos a Cuba para las grandes haciendas, percibiendo los monarcas españoles de los terratenientes una cuota por cada esclavo. Se dice que Alfonso XIII se benefició de la Guerra de Marruecos asociándose a empresarios de explotaciones mineras del Rif, cobrando cuantiosas comisiones de los equipamientos comprados por España para el Ejército, pero sus negocios, al parecer, también fueron con la construcción del metro madrileño, con la compañía Transmediterránea y con el canódromo de las carreras de galgos y su sistema de apuestas hasta el punto que en la II República se presentó una demanda contra Alfonso XIII por estafador.
Por su parte, el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, nunca reinó por su enemistad con Franco, que prefirió designar Rey a Juan Carlos; desterrado en Estoril, los negocios le permitieron dejar a su muerte una herencia de 1.100 millones de pesetas, que incluía 728,75 millones en fondos depositados en cuentas de Suiza. Del mismo modo, se sabe que su hija la infanta Pilar, hermana del emérito, presidió mucho tiempo una empresa con sede en Panamá que se vio implicada en el llamado caso de los papeles de Panamá. Y si nos vamos a la sección del corazón, la historia relata la bastardía del Rey Fernando VII, de su hija Isabel II, de Alfonso XII y varias de sus hermanas, también que ninguno de los catorce hijos de la Reina María Luisa de Parma lo eran del Rey Carlos IV sino de su amante Manuel Godoy. A Isabel II le atribuyeron numerosos líos amorosos durante su matrimonio. Y de Alfonso XIII se dice que tuvo siete hijos ilegales. También que el Rey Juan Carlos es el padre de la hija de la condesa italiana Olghina di Robilant, de la que estuvo enamorado durante los años cincuenta antes de su boda con la princesa griega, nuestra Sofía. De ahí hasta el "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir'' tras las fotografías cazando elefantes en Botsuana junto a Corinna se conocen muchos escarceos con famosas -y no tan famosas-, lo cual no tuvo importancia para la apreciada imagen del Rey de los españoles porque la cuestión "mujeres" tiene bula en gran parte de la sociedad al menos hasta que salen a la luz las cuantías millonarias que presuntamente se embolsó durante su reinado y, lo que es peor, también supuestamente sacándolas de España para escapar de los impuestos. Un desparrame Real.
La inviolabilidad del Rey, según nuestra Constitución, es a nivel personal, lo cual quiere decir que haga lo que haga en su vida pública y en la privada es indemne ante la justicia. Cuando Juan Carlos abdicó perdió esta inviolabilidad pero sólo a partir de ese momento, conservándola para toda la época de su reinado. Esta figura se diferencia de los beneficios protectores judiciales que gozan los miembros del gobierno, los diputados y senadores y los diputados autonómicos, que mantienen una inviolabilidad por sus manifestaciones parlamentarias, lo que sería como una libertad de expresión absoluta y total, también gozan de una inmunidad por la que sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y tampoco pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, y, finalmente, gozan del llamado aforamiento, que supone que solo puede juzgarles el Tribunal Supremo. Unos privilegios que tienen su origen en el parlamento británico con la llamada Bill of Rights de 1689, que reconoció la "libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento" para evolucionar hacia la protección de la persona del Rey ante posibles intentos de derrocarle mediante denuncias falsas. En España hay unos 2.000 políticos aforados, algo que no existe en países democráticos avanzados como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Allí no hay aforados. Por su parte, en Italia o en Portugal sólo es aforado el presidente de la República y en Francia el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.
No parece que en los tiempos que corren tenga justificación un sistema de protección judicial del Rey, de su esposa, de sus hijas, del que lo fue y de tantos políticos cuando nos encontramos ante una escalada de judicialización de la vida pública en la que un alcalde o un funcionario pueden acabar en la cárcel incluso por un error administrativo sin voluntad de delinquir. No resulta aceptable que asistamos a las informaciones de supuestas comisiones millonarias y defraudación a hacienda y a continuación nos cuenten que no hay nada que hacer contra su presunto autor porque fue Rey, ese Rey al que entre todos construimos su imagen sobre el pedestal de ser de lo mejor que teníamos en nuestro país. Al parecer la mejor estrategia mediática de nuestra democracia ha sido la creación de esa imagen y el logro de su interiorización en la mayor parte de un pueblo que ahora, atónito, empieza a caer en la cuenta de que la historia Real tenía trampa, de que los medios han callado durante décadas porque hablar de esto era tabú y ahora hablan, de que los partidos políticos, todos, ondearon sin mesura la bandera de la monarquía sin profundizar en detalles como el que ahora nos ocupa y de que la sospecha sobre que la justicia no es igual para todos es más que una sospecha. Solo hay que leer la Constitución y levantar la vista.
