“Se puede soñar, crear, diseñar y construir el lugar más maravilloso del mundo... pero son las personas quienes hacen realidad ese sueño”. Walt Disney.

Las administraciones públicas cada día tienen menos margen para la improvisación o para el capricho del concejal o alcalde o presidente de turno, que ahora, a diferencia de antes, se ven limitados por cortafuegos impuestos por el sistema. Antes un alcalde era como el emir del califato, pero llegaron nuevas leyes con controles, restricciones, planes de ajustes, imposiciones ministeriales, interventores empoderados, libre acceso de los ciudadanos a toda la información, problemas económicos y la obligación legal de hacer unos presupuestos reales que ya no son unos documentos en los que se inflan los ingresos para poder gastar más. El político ya no puede gastar a su antojo y, sobre todo, las condenas por lo penal a la mayoría le han quitado las ganas de lucir bastón de mando porque un político y su entorno lo que más teme, de largo, es una notificación judicial y no ya solo por la posible condena sino por la pena que representan los titulares en prensa y la posible inhabilitación mientras duren unos procesos judiciales que suelen ser eternos.

El control de los gastos y del uso del dinero público que tiene que estar presidido por la legalidad, la necesidad, la transparencia y criterios no arbitrarios. En demasiadas administraciones las partidas de gastos de publicidad se han venido escapando, aún permanecen al libre albedrío del alcalde o presidente para su reparto entre los medios de comunicación. De manera que a día de hoy uno sin apenas audiencia, sin personal bajo contrato, sin licencias en regla, sea de televisión o radio, puede percibir lo que se le antoje al político de turno, que a cambio espera un trato favorable en las informaciones y llama la atención que estando fiscalizadas y reguladas todas las inversiones que hace una administración pública no lo esté la referente a publicidad. No hay criterios objetivos de reparto como el criterio de tráfico añadido a la procedencia y calidad del mismo: no es lo mismo un medio digital cuyo promedio de estancia del visitante sea de 0,01 segundos a otro de dos minutos, en el primero hay trampa. Al igual que no es lo mismo una web o simples redes que un medio de comunicación con toda su estructura y habilitaciones legales.

Pedro Sánchez anuncia para el 17 de julio una nueva Ley para regular el reparto de la publicidad institucional y lo hace, dice, para darle transparencia e independencia a los medios, que si dejan, al menos en parte, de estar atados al antojo inversor del político serán más libres para ejercer su labor. Hay alcaldes e incluso jefes de prensa que se permiten no atender a periodistas, olvidando que en su sueldo entra esto y que la Constitución da el derecho a los ciudadanos a recibir información veraz y a los medios a publicarla, por lo que discriminar a medios de comunicación y repartir dinero público al antojo debería estar controlado por Ley al igual que por Ley se controla la contratación pública, el reparto de subvenciones, la cesión de instalaciones públicas y cualquier cosa que implique el uso del dinero y los recursos públicos.

Hay un gran déficit profesional referente al sentido de servicio que debe tener el administrador público, sin que primen intereses de otro tipo que no sea el interés general. Por no hablar de la esclavitud a la que someten determinados sindicatos a sus gobernantes y éstos se encuentran en la tesitura de elegir entre gobernar para los ciudadanos o, por contra, conseguir la paz sindical y con esto favorecer que se empoderen y sometan al gobierno a una presión sin solución de continuidad.

Gestionar una administración pública es muy complicado por el conjunto de intereses que confluyen y los condicionantes normativos y presupuestarios que existen. En los ayuntamientos aún resulta una tarea más difícil, por la cercanía de los ciudadanos y por la directa presión que sus alcaldes reciben de todo aquel que sabe que cuanto más dura sea, más recibe. Sin olvidar que los políticos no conocen las interioridades del entramado de la administración municipal que sea, tampoco conocen, ni tienen por qué, los procedimientos, las normas y pueden acabar siendo rehenes de empleados mediocres que montan cuellos de botella y que paran todo por su ignorancia o miedo a meter la pata. Tampoco conocen las mil intrahistorias de rencillas, envidias, odios, mochilas, trepas, vividores y demás fauna. Por esto, de unos años a esta parte los gobernantes inteligentes saben que se han de rodear de técnicos que sean capaces de solucionar el rosario de problemas, que les den seguridad de que lo que se hace es legal y que consigan que la legalidad no sea una rémora para la eficiencia de la administración. Conjugar legalidad y eficiencia es la clave de los buenos técnicos y si a ello se le añade vocación de servicio público, es el perfil perfecto de quienes deberían rodear a los alcaldes y presidentes. Los ciudadanos no son conscientes de la importancia del trabajo de los técnicos públicos, los funcionarios aún arrastran la fama de vagos con sueldos altos, solo son conscientes de la relevancia y necesidad del trabajo de un buen técnico cuando por el motivo que sea se conoce la eficacia de su trabajo, a diferencia de la inoperancia de otros. Los alcaldes ya lo saben y por esto cada vez más se cotiza al alza profesionales de primer nivel capaces de agilizar la administración pública.

Cada día más ayuntamientos van a la caza de buenos técnicos que agilicen su administración. Una búsqueda que no está exenta de ruido, sobre todo por miopes incapaces de entender que pueda haber profesionales que trabajen al margen, por encima, independientemente de su afiliación política, incluso que no la tengan: jueces, técnicos, hasta periodistas.

El movimiento de la funcionaria Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Jerez Milagro Pérez, que tomará posesión el martes para hacerse cargo, junto a su equipo de confianza, de la Organización Municipal del Ayuntamiento de El Puerto -ambos del PP- ha convulsionado el sector, político y periodístico por lo que representa. Germán Beardo ya se llevó a Nausika Botamino como directora del IEDT y en su núcleo cercano está Antonio Saldaña, que ni olvida ni perdona. Ahora ficha a la mejor profesional en administración pública del mercado, como es la Pérez y, de hecho, López Gil ha intentado convencerla sin éxito para llevarla a San Fernando -otra técnico de Jerez caída en desgracia está en su órbita-. A Pelayo la noticia le ha caído como un tiro, normal, y por todo. Porque se va a El Puerto con Beardo, con quien se lleva peor que mal, y porque sabe, porque lo vivió, de su altura profesional, una que no encuentra en su entorno actual y a la vista está. Para justificarse arenga la burda difamación y ya veremos si quienes ahora se dejan utilizar mantienen la firmeza en la dentellada cuando el juez les cite, que todo tiene un límite y la justicia está muy sensible ante el acoso cruel y la mentira.

El problema no es un técnico o un funcionario de carrera eficaz que gane un buen sueldo, de hecho la administración pública debe pagar bien para que los mejores profesionales de cada sector aspiren a trabajar en ella. El problema es la cantidad de sueldos improductivos. El PP se pasó la anterior legislatura, en concreto su concejal Jaime Espinar, denunciando el salario de Milagro Pérez. Ahora contrata, pese a su nula experiencia y en un proceso de selección claramente discutible, de gerente de Comujesa a Abdel Lah por un coste anual cercano a los cien mil euros y en su primera reunión de gestión -según cuentan- ésta pregunta, ante todos, cómo se elabora un presupuesto. Pero claro, viene de la CGT, que ya no se queja de sueldos elevados.

La teoría dice que los peces tienen memoria de solo 30 segundos y, muchas veces, se juega con la escasa memoria colectiva. De ahí el valor de la memoria, del recuerdo, de la hemeroteca, solo al nivel de ese silencio intencionado de quienes valen lo que callan.