La Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha emitido un informe relativo a "posibles incumplimientos" de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a la empresa Recicor XXI SL para la planta de reciclaje situada en el término municipal de Córdoba, que ardió en octubre del año pasado.
Según informa el gobierno regional, se ponen de manifiesto "incumplimientos" en la gestión llevada a cabo en las instalaciones relacionados con "los materiales afectados por el incendio". Entre estos "incumplimientos" se detecta "el deposito de plásticos autorizados en la planta, aunque en zonas aún no habilitadas para ello".
Igualmente, "se ha constatado el depósito de residuos más allá de la fecha 26 de mayo de 2017, fecha límite permitida conforme al reglamento de residuos de Andalucía". Por todo ello, el informe propone el inicio de procedimiento sancionador.
Al respecto, la AAI fue otorgada por la Junta a la empresa en 2009 para la gestión de residuos de construcción y demolición, el tratamiento en planta y vertedero para rechazos. Dicha autorización ha sido modificada en varias ocasiones ampliándose la lista de residuos admisibles.
En el año 2013 se concedió una nueva Autorización Ambiental Integrada que sustituía a la anterior, en la que se recoge la ampliación del vertedero desde 75.000 metros cúbicos, que era la capacidad autorizada en 2009, hasta 1.295.000 metros cúbicos, en sucesivas fases, para una vida útil prevista de 13 años; además de nuevas ampliaciones en la lista de los residuos admisibles en las instalaciones.
No obstante, "queda fuera del ámbito de este permiso la evaluación del riesgo de incendio y las medidas de protección contra este tipo de siniestro, al no ser competencia de esta Consejería", según expone en el comunicado.
Cabe recordar que desde el momento en que se produjo el incendio en las instalaciones de Recicor, los técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Córdoba han realizado varias visitas a las instalaciones y han analizado toda la información disponible en la misma para comprobar si se había producido alguna irregularidad en la explotación de las instalaciones, con posterioridad a la inspección realizada en 2016 en el marco del Plan de Inspección Ambiental de Andalucía 2015-2017.
