El Gobierno de la Nación ha asegurado que, aunque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "viene manteniendo desde hace mucho tiempo contactos con el Ayuntamiento de Córdoba en relación con la cesión de los suelos ferroviarios que se necesitan para ampliar la calle de la barriada de los Olivos Borrachos colindante con la infraestructura ferroviaria" conocida como el tacón ferroviario de Olivos Borrachos, lo cierto es que "aún no se ha suscrito ningún acuerdo al respecto".
Así lo ha destacado el Ejecutivo central en su respuesta por escrito, a la que ha accedido Europa Press y fechada el pasado 8 de marzo, ante las preguntas que le planteó, también por escrito, el pasado enero, el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, quien quiso saber "¿a qué acuerdo ha llegado ADIF con el Ayuntamiento de Córdoba para eliminar el tacón de la barriada de los Olivos Borrachos?, ¿cuáles son los términos de este acuerdo? y ¿cuándo y cómo se ejecutará?".
A este respecto y tras aclarar que, aunque ADIF mantiene contactos desde hace mucho tiempo con el Consistorio cordobés sobre este asunto, pero que todavía no han firmado ningún acuerdo sobre el mismo, el Ejecutivo central ha explicado en su respuesta que ADIF "plantea que la obtención de esos suelos debe articularse mediante expropiación u ocupación directa".
Esas son, según ha aclarado, "las figuras que prevé la legislación urbanística para la obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas no incluidas o adscritas a un sector o unidad de ejecución, para lo cual el Ayuntamiento de Córdoba debe incoar el correspondiente expediente administrativo".
Con esa finalidad, según ha indicado en su respuesta el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, "ADIF está tramitando la desafectación de los suelos innecesarios para el servicio ferroviario, y ha llevado a cabo una actuación de levante y traslado de las instalaciones que se veían afectadas, lo que ha supuesto un coste de 38.000 euros".
Esta actuación, según concluye la respuesta del Ejecutivo central, "debe considerarse como una anticipación de parte de las obras de urbanización", para la ampliación del vial mencionado en la barriada de los Olivos Borrachos, "que debe asumir el Ayuntamiento y, por tanto, su coste se debe resarcir a ADIF con carácter previo o simultáneo a la operación de transmisión de los suelos".
Se da la circunstancia de que el pasado diciembre, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, anunció que la GMU arreglará, en el primer semestre del presente 2021 y con un presupuesto propio de 180.000 euros, la entrada al barrio de los Olivos Borrachos, algo que los vecinos llevaban reclamando desde hace casi 30 años.
Entonces Fuentes explicó que ello iba a ser posible porque la actuación del Ayuntamiento solo afectará en parte al tacón ferroviario, que estrangula la circulación de vehículos por la calle José Alcaide Irlán, y que estaba ocupado por vías de tren sin uso, en buena parte, y que ya han sido retiradas por ADIF.
Durante años, el Ayuntamiento pretendió que el Gobierno le cediera esos terrenos, pero el Ejecutivo, no solo ahora, sino también con el anterior Ejecutivo, presidido por el popular Mariano Rajoy, ha reiterado en varias ocasiones, también en respuesta a otra pregunta que hizo a finales de 2017 el socialista Antonio Hurtado, que eso tenía un coste y que era tarea municipal eliminarlo.
Los trabajos anunciados el pasado diciembre por Fuentes se ejecutarán, precisamente, sobre la calle Jose Alcaide Irlan, la que pega a las vías del tren, y Fuentes recordó que durante estos años había un escollo que se decía "insalvable" por el Ayuntamiento, que pasaba por ampliar la obra a ese recodo, de unos 60 u 80 metros cuadrados, en los que hay una torre de comunicaciones y una caseta que pertenecen a ADIF y que allí van a seguir.
De hecho, según detalló el presidente de la GMU, esa parte no se tocará, en base a un acuerdo del Consistorio con ADIF, que, en cambio, sí que ha cedido el uso de los terrenos aledaños durante 50 años. Para ello, ADIF, tal y como ahora ha confirmado el Gobierno en su respuesta de esta semana, ha llevado a cabo "una actuación de levante y traslado de las instalaciones que se veían afectadas, lo que ha supuesto un coste de 38.000 euros", que ahora le debe abonar el Ayuntamiento, para que se formalice la cesión de uso de los suelos.
