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Jueves 25/07/2024  
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El Condado

WWF asegura que más del 16% del cultivo de regadío en Doñana es ilegal

Se trata de 1.360,2 hectáreas del total de 8.154 de superficie regada y desde la Junta abogan por cumplir la ley y "castigar" a quien "extraiga sin concesión"

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  • Mapa de WWF sobre hectáreas dentro y fuera de la superficie regable -
  • El 80% correspondería a cultivos de fresas y frutos rojos, que “podrían estar llegando a los mercados”
  • Se concentran en cinco municipios: Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana, aunque es Lucena la que tiene más hectáreas
  • Suponen la extracción de 6 hm3 de agua de los 9 que se sacan por encima del volumen máximo que garantiza la recuperación del acuífero

En pleno desarrollo de la campaña de frutos rojos en la provincia de Huelva, la organización ecologista WWF ha publicado este jueves un informe con el que pretende hacer una radiografía exacta del regadío ilegal en Doñana.

Bajo el título ‘El regadío ilegal en Doñana, hoy. Campaña 2023-2024’, WWF explica que el análisis de los datos por teledetección para la presente campaña ha determinado un total de superficie regada de 8.154 hectáreas en el ámbito del Plan Especial de la Fresa, de las que 5.631,1 hectáreas se ubican dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (DHG) y las 2.522,9 restantes están dentro de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras (DHTOP).

En relación a los incumplimientos de los criterios de regularización de usos agrícolas del Plan de la Fresa, 1.360,2 hectáreas están fuera de la cartografía de SAR (suelos agrícolas regables), es decir, que se trataría de regadíos ilegales. Esto supone el 16,6% del total de los regadíos en Doñana.

Por demarcaciones hidrográficas, 878,4 hectáreas corresponden al Guadalquivir y 481,7 a Tinto, Odiel y Piedras. A su vez, estas hectáreas se reparten en cinco municipios, siendo Lucena del Puerto la que aglutina un mayor número (542), seguida de Moguer (348,6), Almonte (226,7), Rociana del Condado (161,1) y Bonares (81,8).

Dentro de las 1360,2 hectáreas fuera de SAR, se han detectado 294,8 hectáreas dentro de la zona A, que según el POTAD y el propio Plan Especial de la Fresa son zonas de alto valor ambiental que no son compatibles con la actividad agrícola.

De las más de 1.300 hectáreas de cultivos ilegales detectadas, WWF afirma que el 80% (1089,1) son cultivos de fresas y frutos rojos, berries “cultivados ilegalmente y regados con agua robada podrían estar saliendo hacia los mercados españoles y europeos ante la inacción de las administraciones”, por lo que remitirán la información oportuna “a los supermercados europeos”.

En términos de extracción de agua, la organización ecologista afirma que “se están extrayendo en torno a 9 hm3 por encima del volumen máximo que garantiza la recuperación del acuífero, y de ellos, 6 hm3 corresponden a riegos fuera de SAR y los 3 hm3 restantes suponen la sobreextracción producida solo desde las parcelas legalizadas”.

Ante estas cifras, y teniendo en cuenta que “Doñana se encuentra en su peor momento”, con un acuífero diezmado en el que diez de sus dieciséis sectores están en situación de alarma, WWF pide de “manera urgente”  a la Junta de Andalucía que “no modifique el Plan de la Fresa y cierre todas las hectáreas ilegales que son de su competencia”.  ​Además, reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España que multiplique sus esfuerzos para “la clausura de todos los pozos ilegales y la implementación de un plan de extracciones para todo el acuífero de Doñana”.

La Junta aboga por cumplir la ley

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este jueves que el Gobierno andaluz está “a favor de que se cumpla la ley”, por lo que “quien extraiga agua de manera ilegal sin concesión” del acuífero de Doñana “debe ser localizado y castigado”.

Aunque ha señalado que “no conocía el estudio aún”, ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía está “absolutamente a favor” de que se cumpla la ley y “absolutamente en contra de que se incumpla”, por lo que “aquel que la incumpla, que extraiga agua de manera ilegal sin tener la debida concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues debe ser perseguido, debe ser localizado y debe ser castigado”.

A la gente que lo hace bien hay que reconocérselo y a los que lo hacen mal hay que castigarlo. Y extraer agua del acuífero sin concesión correspondiente está mal, y por lo tanto, no se trata de amnistiar a nadie, sino de regularizar una situación que era irregular”, ha comentado.

 

 

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