No hay duda que tras los ataques del PSOE a la educación concertada (capítulo 23) subyace con un evidente complejo de inferioridad de quienes no han sido capaces a pesar de sus pancartas, sus gritos y su superioridad moral, de convencer a los ciudadanos que su propuesta es mucho mejor que cualquier otra. Y como no han podido convencer, ahora lo intentan imponer por Ley.

Adolece de muchas deficiencias la Ley de Educación que ha dirigido la ministra Celaa pero lo peor que puede hacer un Gobierno es legislar en contra de. Y es precisamente el peor de los pecados de la Ley que está hecha para prohibir, para obligar y para impedir, cuando hace años que España clama por un gran pacto educativo que defina una ley de todos y para todos, duradera y consensuada.

El PSOE ha dado un viraje hacia la izquierda más rancia, aquella que no consiente que haya personas que, desde el ejercicio de su libertad, opinen y elijan distinto a ellos. Y como esa izquierda arcaica, pretende obligar por ley que todos pensemos y elijamos igual.

Aunque, en realidad, esa misma izquierda no tiene ningún problema con la educación concertada sino que la usan como arma ideológica para intentar imponer una senda que, para nada, tiene que ver con la educación que reciben nuestros hijos. Comenzaron advirtiendo que los niños no pertenecen a los padres para, ahora, imponernos a qué centro educativo van a ir, pudiendo incluso matricular a nuestros propios hijos en el centro que ellos decidan.

Una obsesión por imponer, por obligar, que arrebata a los padres su derecho constitucional de elegir la educación que quieren para sus hijos. En plena pandemia, el Gobierno va a dar un durísimo golpe a la educación concertada, esa de la que el Estado lleva años sirviéndose para poder satisfacer el derecho a una educación universal y gratuita de todos los niños españoles y que la pública es incapaz de cubrir.

¿Es el momento de ir despidiendo a todos esos miles de profesores? Las demandas de la educación concertada son justas, medidas y amparadas por tres principios básicos: la libertad de elección de centro que ampara a los padres en la Constitución, la alta demanda que año tras año tienen todos sus colegios y la posibilidad de mejora de la educación pública.