El Congreso de los Diputados acumula dos reformas del Gobierno para abaratar el precio de la electricidad, 'congeladas' a la espera de que PSOE y Unidas Podemos decidan avanzar en su tramitación, y sigue sin crear una comisión para estudiar mejoras en el sistema eléctrico, impulsada también por estos partidos.
Y eso que la comisión de estudio del precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico se registró en septiembre, tras promover varios socios del Gobierno de coalición --Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias-- una comisión de investigación sobre la subida de precios y esclarecer posibles manipulaciones de mercado.
Cinco meses después, ni PSOE ni Unidas Podemos han llevado esta comisión a la Junta de Portavoces para intentar ponerla en marcha, un retraso flagrante que recordó uno de los promotores de la fallida investigación parlamentaria, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, la semana pasada en el Pleno: "Ya no sabemos nada más. No solo no se ha hecho la luz, sino que también se fue el ruido", dijo.
Esta intervención tuvo lugar en el debate de una moción de EH-Bildu para plantear mayores controles a las eléctricas, que finalmente pactaron con los socios de Gobierno para incluirlas en las conclusiones de esta comisión.
Concretamente, el refuerzo de la vigilancia y las obligaciones de transparencia de empresas que puedan estar ejerciendo poder de mercado para manipular precios, vetar de los fondos europeos a empresas que hayan alterado precios incumpliendo la normativa anticorrupción de los fondos y solicitar un informe a la CNMC de los costes de generación de cada tecnología.
LA DIFERENCIA ENTRE LOS COSTES Y EL PRECIO
Un "informe exhaustivo", que no una "auditoría" como reclamaba Bildu e inicialmente se abrían a aceptar PSOE y Unidas Podemos en su enmienda conjunta a la moción, y que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han apresurado a subrayar, pese a que esta evaluación supondría, de facto, una comprobación del coste de generación de las eléctricas y su relación con los precios que marca el mercado eléctrico.
Abordar la diferencia entre los costes de generación y los precios de mercado ha sido precisamente el principal objetivo del Gobierno de coalición. Este ha venido defendiendo en Bruselas la reforma del mercado marginalista, pero también ha aprobado reformas en este sentido, los recortes de los llamados 'beneficios caídos del cielo'.
RECORTE A 'BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO'
Primero, los derivados del sobrecoste que supone los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que no asumen instalaciones como las centrales nucleares o las hidroeléctricas, pero que aun así se benefician de los precios más altos que marca el mercado.
Este proyecto de ley llegó al Congreso en agosto y en octubre superó su votación de totalidad, y ese mismo mes los grupos registraron sus enmiendas parciales. Desde entonces, el Congreso no ha avanzado en su tramitación, a la espera de que sea discutida en ponencia.
EL RECORTE SE SUAVIZÓ PERO LAS SUBASTAS DE ENERGÍA NO HAN LLEGADO
Otro recorte de los 'beneficios caídos del cielo', este por el sobreprecio del gas natural, fue aprobado por el Gobierno vía decreto ley en octubre, que semanas después aprobó otro decreto para suavizarlo y excluir del mismo la energía vendida a plazo.
Esta marcha atrás del Ejecutivo venía acompañada con otra medida para abaratar la electricidad, unas subastas de las grandes empresas de generación para facilitar precios más competitivos a industrias y comercializadoras. Pese a que estas debían iniciarse antes del 1 de enero de este año, aún no se han puesto en marcha, situación recordada por los grupos de la oposición durante los debates de energía desde entonces.
EL FONDO DE RIBERA TAMBIÉN ESPERA EN PONENCIA
Por otro lado, el Congreso también tiene pendiente otra de las reformas del Gobierno para abaratar la electricidad, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, un proyecto de ley que llegó antes incluso, en junio, y que tras superar en septiembre su votación de totalidad, sigue esperando en fase de ponencia.
Esta reforma contempla la financiación de las llamadas primas a las energías renovables, lo que permitiría sacar de la factura de la luz costes regulados del sistema, el conocido como régimen especial Recore de plantas de producción renovables, cogeneración y residuos con una retribución y rentabilidad asegurada.
Tanto para este proyecto, como el dirigido a acabar con los beneficios caídos del cielo por el CO2 no emitido, el Gobierno solicitó la tramitación por la vía de urgencia, acortando a la mitad cada uno de los trámites parlamentarios.
EL GOBIERNO NO PIDIÓ HABILITAR ENERO PARA ESTAS REFORMAS
Pese a la escalada de precios de la electricidad, en máximos históricos, estas iniciativas no han avanzado en la Comisión de Transición Ecológica, que ha priorizado la tramitación de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados antes de fin de año.
Fuentes de la Comisión reconocen a Europa Press esta prioridad en la agenda legislativa de los grupos del Gobierno, ante las exigencias de Transición Ecológica y Hacienda de poder culminar cuanto antes este proyecto.
En enero, mes inhábil a efectos parlamentarios, el Gobierno solicitó al Congreso habilitar la actividad parlamentaria para algunas iniciativas, pero no así con los relacionados para la reforma del sistema eléctrico.
