El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado que los Mossos d'Esquadra dejarán de aplicar en Cataluña la ley mordaza, amparándose en sentencias de tribunales europeos y del Constitucional, ya que considera que no tiene sentido sancionar a manifestantes si se movilizan pacíficamente.
Así lo ha desvelado en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha anunciado un cambio de criterios para hacer prevalecer los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, el de reunión y el de información, en la tramitación de los expedientes vinculados a la Ley de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza.
"Lo que no tiene sentido es que si una persona se manifiesta pacíficamente tenga como consecuencia una multa o que cuando un periodista o un fotoperiodista toman una fotografía tengan como consecuencia una sanción", ha remarcado Elena.
El conseller ha subrayado que este cambio se ampara en distintas sentencias de tribunales europeos y del propio Constitucional en que no se aplica "miméticamente" la ley mordaza sino que se ponderan otros derechos básicos porque estiman que el ejercicio de derechos fundamentales "no se puede considerar un delito".
"Por lo tanto, cuando alguien pacíficamente se movilice, lo que no tiene sentido es que si se moviliza pacíficamente tenga como consecuencia sanciones, como se ha producido hasta ahora", ha señalado.
El conseller ha dicho que le "sorprende" que haya muchos partidos -ha citado en concreto al PSC-, que hayan pedido la derogación de la ley mordaza y que ahora se pongan "las manos en la cabeza" cuando no se aplica de forma "restrictiva".
"Lo que hacemos es aplicar la ley. Y la ley se aplica ponderando derechos y en ese caso la ley mordaza junto con otros derechos como el de la libertad de expresión o de manifestación", ha remarcado.
Además, Elena ha anunciado que se separará orgánicamente el proceso de denuncia por parte de la policía y el de instrucción de los expedientes, para que tengan una dependencia orgánica diferenciada, de forma que la instrucción pasará a manos de la Dirección General de Administración de la Seguridad.
