La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a apostar este jueves por la implantación de un impuesto extraordinario a las eléctricas, una medida que permitiría compensar a las familias, a las pequeñas empresas y a los sectores más afectados por la crisis.
En una entrevista en RNE, Díaz ha considerado que esta medida parece de "sentido común" si se tiene en cuenta que las tres eléctricas más importantes del país han incrementado sus beneficios un 47 % en solo un año. Esto se traduce, a su juicio, en que "el enorme precio de la energía está produciendo una transferencia de rentas de la ciudadanía a las eléctricas".
La ministra ha reconocido que "estamos en un escenario complejo" y se prevé que "el impacto sea significativo", ya que "la inflación contagia a toda la economía", y aunque ha añadido que a día de hoy el Gobierno no tiene "datos de afectación" sí se está observando que "hay sectores en los que no hay suministros" y "la subida del precio de la energía está dificultando la actividad".
En esta situación, el Ejecutivo va a actuar "con determinación sobre la inflación" y va a adoptar medidas para "bajar los precios de la energía", ha dicho la vicepresidenta segunda, quien ha recordado que en ello están trabajando precisamente con otros grupos y con los agentes sociales.
Preguntada por las propuestas del PP, ha lamentado que "siempre da la misma receta, la bajada de impuestos", algo -en su opinión- no adecuado en este "contexto de guerra".
La ministra ha comentado que ayer se reunió con 60 economistas de nuestro país y todos ellos mostraron "preocupación máxima" por las consecuencias económicas y sociales de este escenario que es nuevo.
Por ello, la ministra ha insistido en que se debe actuar "de manera quirúrgica" para "proteger el empleo, las rentas y el tejido productivo".
Con ese objetivo, su grupo ha elaborado un documento que ya ha sido trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con medidas muy concretas. Según Díaz, "los que más tienen, tienen que aportar más" porque "no es justo" que las medidas sean sufragadas solo por la población.
Sobre el aumento del gasto en defensa, la ministra de Trabajo ha dicho que no lo comparte y que lo urgente es "incrementar los presupuestos en investigación, educación, sanidad o dependencia", aunque ha dejado claro que va a negociar con el Ejecutivo y que ella no va a "trabajar vetando nada".
