Varios exministros, ex altos cargos socialistas y personalidades del mundo jurídico y académico han firmado un manifiesto de rechazo a los cambios que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez en el Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación, en el que alertan la nueva normativa supondrá "un estímulo" a comportamientos que atenten contra la Constitución.
El documento emitido por la Asociación para la defensa de los valores de la Transición --al que ha tenido acceso Europa Press-- que agrupa a antiguos cargos de distintas fuerzas políticas, rechaza de plano el argumento expresado por el Gobierno que justifica estos cambios para homologar los tipos penales con las principales democracias europeas.
Así indican que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza el pretexto de que las penas por estos delitos en los países europeos son inferiores a las existentes en España. "Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España", sostienen.
"La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales
de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia", indica el texto.
Reclaman por tanto la retirada de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos y piden a las Cortes Generales la tipificación urgente de un delito contra la Constitución "con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas" para evitar un "vacío legal" que pueda dividir "aún más" la convivencia entre españoles.
Entre los firmantes están el exministro de Cultura, César Antonio Molina; el exministro de Obras Públicas y exportavoz del grupo socialista en el Congreso Javier Saenz Cosculluela; el exministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero; el exministro de Defensa y Sanidad Julián García Vargas; y el exministro del Interior José Luis Corcuera, todos ellos del PSOE.
También el exministro de Economía, José Luis Leal y la exministra de Cultura, Soledad Becerril, ambos de UCD; la exsenadora y ex Secretaria de Internacional de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Elena Flores y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón (que en su día contribuyó a declarar inconstitucional aspectos relevantes del Estatut catalán).
Asimismo, suscriben relevantes excargos del PSOE como Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña; Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSE; Manuel Jiménez Barrios, exvicepresidente de la Junta de Andalucía; el exconsejero andaluz Paulino Plata; el exsecretario general de la Vicepresidencia del Gobierno Rafael Delgado Rojas; el excandidato socialista al Ayuntamiento de madrid, Antonio Miguel Carmona; y otros exdiputados socialistas como José Acosta, Alejandro Cercas, Salvador Clotas, Miguel Ángel Ibáñez Giner o Salvador Fernández Moreda, entre otros.
También lo firman, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández; el expresidente de la Real Fundación Elcano Elimio Lamo de Espinosa; el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras; o el catedrático de Derecho Mercantil Jesús Quijano.
Entre los firmantes de este manifiesto hay decenas de exalcaldes, exparlamentarios, embajadores, profesores de universidad y personas vinculadas al mundo del Derecho. En total suscriben el texto más de 300 personas y una veintena de entidades.
De este modo, se oponen a las últimas actuaciones del Gobierno y sostienen que su propósito es obtener "a cualquier precio" el apoyo parlamentario "de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución", según señala el texto.
Consideran que eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación "supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución" y el ordenamiento jurídico actual y que además se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, "lo cual es más lesivo aún que el lucro personal", según defienden.
En la misma línea piensan que es "una burla" hablar de "desinflamación del conflicto catalán" puesto que según advierten todos los condenados "han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo". "Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa", señalan.
Por último afirman que la Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España y menos sustituirlo por un delito de desórdenes públicos y remarcan que los hechos sucedidos en el año 2017 no fueron desórdenes públicos sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional.
"Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas", denuncian.
