Las cinco asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la huelga indefinida para el 16 de mayo se han mostrado a favor de retrasar la convocatoria en aras de seguir negociando con el Ministerio de Justicia una mejora salarial tras la última reunión fallida de ayer en la que rechazaron la oferta de 46 millones de euros --hasta unos 490 euros al mes-- que puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop.

La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha sido la última en dar el paso tras consultar a su ejecutiva este mismo jueves. Según ha informado, han votado a favor de "suspender" la convocatoria original "como gesto de buena voluntad" y "a la espera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial".

En un comunicado, la asociación ha reiterado que "la oferta del Ministerio sigue siendo insuficiente" y que deben "avanzar, además, en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura" de sus retribuciones.

La APM ha hablado de "suspender" la convocatoria y no ha precisado fecha alguna en su comunicado. Así, ha optado por una fórmula diferente a la que han empleado las otras cuatro asociaciones convocantes, que se han mostrado a favor de retrasar la huelga hasta el lunes 22 de mayo para seguir negociando con el Ministerio.

Desde la asociación han precisado a Europa Press que mantienen su "libertad de acción" en función de los acontecimientos y de la valoración que merezcan los resultados las próximas reuniones. De ahí que hayan acordado no fijar una fecha en el calendario.

LA OPCIÓN DEL 22 DE MAYO

La APM y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han informado este jueves de su decisión respecto a la huelga después de que ayer las otras tres asociaciones convocantes --Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- se mostraran favorables a retrasar la fecha.

Este movimiento tiene lugar después de que la reunión del miércoles terminara sin acuerdo --tras más de seis horas de negociación-- toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio. Solo las dos asociaciones progresistas --JJpD y UPF-- se manifestaron a favor de firmar el acuerdo con Justicia.

Desde la Francisco de Vitoria han precisado en un comunicado emitido este jueves que aunque "las negociaciones en la Mesa de Retribuciones no han dado sus frutos" ya se han celebrado "tres encuentros de un órgano de negociación que ha permanecido inerte durante más de una década".

Al hilo, han subrayado que durante dichas reuniones su asociación ha mantenido "una actitud constructiva, con una secuencia lógica de propuestas que revelan un verdadero espíritu negociador". "Desde la responsabilidad, optamos ahora por mantener esa misma línea de actuación y ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio. Confiamos en que este margen adicional no se desperdicie", han añadido.

LA REUNIÓN DEL MARTES CON EL MINISTERIO

Las siete asociaciones se reunirán de nuevo en la Mesa de Retribuciones el próximo martes 16, a las 12.00 horas. Según ha precisado Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en un comunicado este jueves, ese día el Ministerio les entregará un documento con una "oferta económica de subida por complemento de adaptación a las leyes de eficiencia, que es inamovible".

"Finalmente, el proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones", ha explicado JJpD. Y, al hilo, ha asegurado que en caso de que las asociaciones convocantes de la huelga no accedan a posponerla se abren dos posibilidades: que la Mesa de Retribuciones se dará por finalizada, "lo que supondría que la oferta realizada ya no se mantendrá"; o que continúe la negociación solo con las asociaciones que no secunden la huelga.

LA PROPUESTA DE JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.

Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 --como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales--, y hasta 490 euros para el Grupo 2 --fiscales de segunda categoría-- y 450 euros para el Grupo 3 --fiscales de tercera categoría--.

Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron --tras dos meses de huelga-- que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones y amenazan con una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.

Al margen de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.