El alcalde esteponero, Davíd Valadez, ha utilizado fondos de Patrimonio Municipal de Suelo para hacer frente, de forma parcial, a la nómina y paga extraordinaria del mes de Junio que asciende a 7 millones de euros. Fuentes consultadas por Diariosol.es nos confirman que se habrían utilizado en torno a cinco millones de euros de estos fondos, en principio de forma transitoria, que serían reembolsados mediante la formalización de una operación bancaria que se está actualmente tramitando.

Diariosol.es está en condiciones de adelantar que el uso de estos fondos se ha realizado mediante la emisión de un Decreto firmado por Valadez que hubiera sido exigido por el Tesorero para cubrir su responsabilidad. El Decreto estaría, como viene siendo habitual, amparado por un informe judídico del asesor de alcaldía, Francisco de Paula Lamas Angulo. La utilización de los fondos de Patrimonio Municipal del Suelo, sea de forma directa, mediante la disposición de los saldos bancarios, o como garantía ante terceras administraciónes, está expresamente prohibido por la LOUA.

La propia Cámara de Cuentas de Andalucía limita su uso a "el mantenimiento y conservación del Patrimonio Municipal del Suelo, la adquisición de nuevos suelos compatibles con los fines anteriores ( viviendas de protección pública u otros usos de interés social)".

En este caso concreto se da la circunstancia de que estos fondos serían indisponibles no solamente por lo anteriormente señalado si no que su consolidación estaría condicionada a la aprobación de nuevo PGOU que, como nuestros lectores conocen, ha sido desestimado y puesta en marcha la Adaptación del vigente de 1.994 con la realidad existente derivada de las modificaciones puntuales del suelo y el desarollo del planeamiento en los últimos dicesiseis años.

Muchas han sido las opciones barajadas y muchos los palos tocados para responder a las permanentes tensiones de la tesorería municipal. La carencia de un presupuesto en vigor y la omisión de la rectificación por el pleno de una liquidación de presupuesto que, se ha reconocido por la propia Interventora, arroja unas cifras que no se corresponden con la realidad, impiden que las entidades bancarias puedan siquiera plantearse una facilidad crediticia a largo plazo con el Ayuntamiento. La operación que se está estudiando en estos momentos es una operación de tesorería, con vencimiento a un año, cuya solicitud entra en las competencias del alcalde al no superar el 15 % de los recursos liquidados el año anterior.