El Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla ha fijado para el 4 de julio del año en curso la primera sesión de la vista oral programada para enjuiciar a las 24 personas acusadas de participar en el asalto al Rectorado de la Universidad de Sevilla en febrero de 2003, para quienes el fiscal solicita una pena de un año de prisión al considerar que cometieron un delito de desórdenes públicos.

En concreto, fuentes del caso consultadas por Europa Press han detallado que la vista oral se prolongará durante dos semanas, pues, además del 4 de julio, hay sesiones previstas para los días 6, 8, 11, 13 y 15 de julio.

En este sentido, el fiscal defiende que los hechos sucedieron sobre las 10,00 horas del 8 de febrero de 2003, cuando un grupo de jóvenes entró en el Rectorado de la Hispalense portando "palanquetas y barras de hierro" y "vociferando en actitud amenazante". Una vez allí, "utilizando las palanquetas y barras que portaban forzaron una primera puerta, causándole grandes desperfectos", tras lo que "golpearon indiscriminadamente a los vigilantes jurados de la Universidad".

Para el Ministerio Público, el grupo continuó avanzando y fracturó dos puertas más antes de acceder al despacho del rector, "donde realizaron pintadas en la moqueta y destrozaron el entelado de la pared". Posteriormente, los jóvenes supuestamente se dirigieron hacia la Sala de Juntas, donde estaba reunida la Junta de Gobierno de la Universidad, y "tras golpear y arrollar a los vigilantes jurados, rompieron la puerta de la sala y accedieron al interior", por lo que los miembros de la Junta tuvieron que interrumpir la reunión.

El fiscal prosigue que una vez en las dependencias algunos de los asaltantes leyeron ante la prensa unos comunicados, tras lo que abandonaron las instalaciones sobre las 11,15 horas. Como consecuencia de estos actos los vigilantes sufrieron lesiones cuando trataban de parar el avance del grupo de jóvenes, mientras que las puertas destrozadas sufrieron daños tasados en 34.187 euros y en el resto de instalaciones universitarias los desperfectos se valoraron en 22.830 euros, continúa la acusación.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito de desórdenes públicos, por el que solicita un año de prisión para cada uno de los participantes, mientras que también los acusa de tres presuntas faltas de lesiones.