El juzgado instructor de la operación "Acinipo", en la que Anticorrupción investiga asuntos urbanísticos del anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), ha fijado fianzas a los ya exconcejales María José Martín y Rafael Lara de 80.000 y 50.000 euros, respectivamente.

Fuentes judiciales así lo han asegurado después de que el miércoles el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda decretara libertad provisional bajo fianza para ambos, imputados por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

María José Martín fue delegada municipal de Obras y Urbanismo y Lara de Contratación y Seguridad en el ejecutivo que presidía el exalcalde Antonio María Marín, concejal desde ayer en libertad provisional bajo fianza de 150.000 euros e imputado de los mismos delitos tras ser detenido en esta operación junto a seis personas más.

Los cuatro concejales del PSOE imputados en esta causa han presentado hoy su renuncia al acta de concejal en el registro del consistorio y son los tres políticos mencionados y Francisco Cañestro, que ha dimitido también como diputado provincial y que fue primer teniente de alcalde rondeño.

Cañestro está en libertad sin fianza e imputado de los mismos delitos.

Según ha informado el Ayuntamiento, en el pleno ordinario del próximo miércoles se dará cuenta de las renuncias a la corporación.

Antonio María Marín, que había ejercido hasta ahora como portavoz municipal socialista, ha anunciado que el próximo lunes ofrecerán una rueda de prensa los cuatro sobre los últimos acontecimientos.

Ante estas cuatro renuncias, les corresponde entrar a formar parte de la corporación a los siguientes integrantes de la candidatura electoral: la esposa del exalcalde, Josefa Valle, que ya fue concejal de Empleo y Parques y Jardines en la anterior corporación; Margarita Perujo; Alberto Orozco y Lidia García.

En caso de que renunciara a acceder al puesto la esposa del exalcalde, el siguiente en la lista es Carlos Mirasol.

Además, los cuatro concejales del PSOE imputados pidieron sus bajas temporales como militantes socialistas, aunque previamente su formación había suspendido cautelarmente su afiliación.