El rechazo de la Comisión Permanente del Consejo General Poder Judicial a las críticas de Alfonso Guerra a la juez de Sevilla que instruye el caso de los ERE falsos ha causado malestar en algunos vocales, que creen que no se debían haber analizado esas declaraciones realizadas en plena campaña electoral.

Así lo han informado a Efe fuentes del Consejo después del acuerdo aprobado hoy por la Comisión Permanente de este órgano, que, reunida de forma extraordinaria, ha censurado y calificado de "vejatorias" las manifestaciones realizadas ayer por el candidato socialista por Sevilla en un acto electoral sin que hubiera habido una petición de amparo de la magistrada.

Guerra afirmó sobre la juez Mercedes Alaya que tiene "una relación fuerte personal" con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que trabajó como magistrado en la Audiencia de Sevilla.

Para la Comisión Permanente del CGPJ "no resultan de recibo" esas referencias que invaden "la esfera personal mediante descalificaciones -veladas o explícitas-" y el rechazo debe ser mayor "en cuanto contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer de la magistrada aludida".

No obstante, no es habitual que el CGPJ ampare a un juez si éste no lo solicita y, de hecho, la aprobación de este documento no ha sido bien vista por todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El acuerdo no ha sido unánime, pero ha contado con el voto favorable de tres de los miembros de la Comisión Permanente - el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar-, mientras que Antonio Dorado no ha asistido a la reunión y la vocal Almudena Lastra ha formulado un voto particular.

La posición de Lastra cuenta con el apoyo de otros vocales del Consejo, según las fuentes consultadas por Efe, que entienden que, como indica ese voto particular, no es procedente que la Comisión Permanente entre a analizar de forma "institucional" el contenido "o la intención" de las declaraciones de Guerra en el curso de un acto de la campaña electoral.

Algunos van más lejos y recuerdan que ha habido ataques mucho más duros a otros magistrados desde el sector político contrario a Guerra y el Consejo "no salió en su auxilio".

Este grupo de vocales, la mayoría encuadrados en el considerado bloque progresista del CGPJ, aunque no todos, consideran también reprobables las declaraciones de Guerra y cualquier otra descalificación sexista o vejatoria.

Sin embargo, creen "inoportuno" que el Poder Judicial se haya pronunciado sobre las mismas en este momento electoral y menos aún sin que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Este precepto contempla que los "jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia" podrán pedir amparo al CGPJ, algo que no se ha cumplido en este caso, en el que en un trámite poco habitual la Comisión Permanente ha aprobado este acuerdo en una reunión de urgencia no prevista y sin que hubiera existido ninguna petición de la magistrada aludida.