En este sentido, según han precisado a Europa Press fuentes del caso, con toda probabilidad se mantendrán nuevas reuniones para seguir hablando del asunto, después de un primer contacto "leve" en el cual la Universidad se habría limitado a exponer su posición, que pasa por intentar consensuar una solución para poder aprovechar lo ya construido.
Y es que a pesar de que el proyecto de la biblioteca ya no se hará en esta localización, analizándose la opción de aprovechar el edificio previsto para la Fundación de Investigación de la US (FIUS) en la avenida de Eritaña, la Hispalense defenderá con contundencia la inversión pública realizada, recurriendo en su caso a las instancias oportunas, dado que se entiende que una zona verde adecuadamente diseñada sobre rasante es compatible con 80 plazas de aparcamiento en el subsuelo.
La comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño de Sevilla, parte demandante de la primera sentencia que confirma la anulación de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) relativas a la construcción de la biblioteca, ya han subrayado, en este sentido, que ven "enormemente dificultoso" alcanzar un acuerdo con la Hispalense.
El presidente de la comunidad, el letrado José Cubiles, ha señalado a Europa Press que, aunque no es imposible alcanzar un consenso, la dificultad estriba en "una sencilla razón", la de que existen nueve agrupaciones vecinales recurrentes, "y basta con que uno de los actores no esté de acuerdo para que no se pueda llegar a ninguna solución".
LA US, "CONTUMAZ EN EL ERROR"
"Cada uno votará lo que Dios le dé a entender", ha resumido Cubiles, que ha indicado que no se plantea un acuerdo con la US, "porque supondría meterse en un callejón sin salida". "Los acuerdos no son con imposiciones, la única imposición es la de la sentencia, que ordena quitarlo todo y reponer tal como estaba", ha añadido.
El presidente de la comunidad de vecinos es partidario de "no meterse en un camino espinoso cuando hay uno expedito", y aunque ha asegurado comprender que la Universidad defiende sus intereses, en su opinión "llegan tarde". "La pena es que el coste del derribo lo tiene que asumir un organismo público, porque el que la hizo, tozudamente y por encima de recomendaciones en contrario, es quien debería pagarla", ha subrayado.
Para Cubiles, que se opone a la conservación del aparcamiento al incidir en que los especímenes arbóreos que había en el parque necesitan gran área de suelo, el proceder de la Hispalense "no es claro y diáfano". Y es que la US es "contumaz en el error", pues "el beneficiario de los recursos no soy ni yo ni mi comunidad, sino todos los sevillanos, a los que se les ha sustraído un parque público".
