El portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Josu Erkoreka, considera "gravísimas y preocupantes" las palabras del ministro de Justicia, Jorge Fernández Díaz, sobre la 'doctrina Parot' porque parecen pretender "extorsionar" el Derecho en "interés del Estado".
Erkoreka se ha referido, de esta manera, a las declaraciones el miércoles del ministro en las que aseguró que podría hacerse "ingeniería jurídica" en caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara la denominada "doctrina Parot", que alarga el cumplimiento de las penas aplicadas a los presos.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha considerado "preocupantes" las palabras de Fernández Díaz y ha dicho que le recuerda a "aquella declaración muy desafortunada de otro ministro de Justicia socialista, López Aguilar hizo en el sentido de que estaba dispuesto a construir imputaciones si fuera necesario".
A su juicio, esta actitud es "preocupante desde el punto de vista del Estado de Derecho porque reflejan una disposición a poner el derecho a disposición de los intereses de Estado".
De esta forma, el derecho no sería nada "más que un instrumento al servicio de lo que en cada momento interesa al Estado, y es exactamente lo contrario de lo que predica el Estado de Derecho porque erige el derecho en el máximo regulador". "El derecho se pone por encima de los gobernantes, de las instituciones, de los órganos de gobierno y por encima de todos, y regula imparcial y objetivamente el campo de juego", ha añadido.
En esta línea, ha precisado que, cuando se subvierten los términos, y en nombre del Estado de Derecho se nos dice que lo que se pretende es extorsionar el contenido del derecho, forzar el contenido y alcance de las normas, de manera que se puedan supeditar, en cada momento, al interés del Estado, es un planteamiento gravísimo y sumamente preocupante".
DECISIÓN DEL TEDH
El portavoz del Gobierno vasco ha indicado que un fallo del TEDH a favor de la 'doctrina Parot' sorprendería a todos los juristas que en los primeros cursos de carreras aprendieron "aquello de que las leyes penales y restrictivas de derechos individuales no pueden tener carácter reatroactivo", principio que fue incorporado a la Constitución.
"Para nosotros y para mí, en concreto, fue una sorpresa mayúscula encontrarme con esa doctrina puesta en marcha por el Tribunal Supremo en el año 2006", ha añadido, para señalar que muchos diputados socialistas coincidía en que esto "no podía pasar el filtro del Tribunal Constitucional".
"Lo pasó parcialmente, pero con unos votos particulares muy atinados, y ahora ha llegado al Tribunal de Estrasburgo. Yo asumo plenamente la sentencia que dictó el Tribunal y espero que la Gran Sala ratifique el planteamiento de la sala pequeña porque coincide plenamente con el planteamiento que siempre he defendido en relación con el principio de legalidad penal y retroactividad", ha dicho.
