La reforma educativa llega a los colegios a partir de este curso, precedida de un debate político y social acalorado. Serán la mitad de los alumnos de Primaria, en torno a 1.400.000, los que estrenen parte de las novedades, como una evaluación final para todos los de tercero.
También comienza la nueva Formación Profesional Básica (FPB), que tendría unos 63.000 matriculados, según cálculos autonómicos.
El calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) prevé que se aplique ya en primero, tercero y quinto de Primaria (etapa de seis años) y en el primero de los dos cursos de FPB, que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
En el curso 20015-2016 se completará la implantación en estos niveles y se iniciará en Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
El Tribunal Supremo rechazó aplazar la aplicación de los decretos estatales que regulan Primaria y FPB, como habían pedido Andalucía y Cataluña por "falta de tiempo" para planificar el curso.
La reforma suprime la organización de Primaria en ciclos para estructurarla en "áreas de carácter global e integrador", cuyas asignaturas (también las de ESO y Bachillerato) se configuran en tres bloques:
Las troncales, con un mínimo del 50 % del horario total, reguladas por el Ministerio de Educación y que las comunidades pueden complementar; las específicas y las de libre configuración autonómica (como Lengua cooficial, con tratamiento análogo al castellano).
Los centros podrán complementar los tres grupos y configurar su oferta formativa.
En Primaria, desaparece Conocimiento del Medio para desdoblarse en Ciencias de la Naturaleza y Sociales; Lengua y Literatura Castellanas, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera completan las troncales.
Las específicas son Educación Física y Religión -si los padres la eligen voluntariamente- y la alternativa Valores Sociales y Cívicos.
Según programen comunidades y centros, los alumnos tendrán que estudiar al menos una de las materias también específicas Educación Artística, Segunda Lengua Extranjera, Religión y Valores Sociales y Cívicos, pues éstas dos no son de elección excluyente.
Educación ha definido el contenido básico, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las asignaturas citadas (excepto Religión, responsabilidad de las distintas confesiones).
La distribución horaria, responsabilidad de las comunidades, ha significado que algunas de ellas y el ministerio en Ceuta y Melilla reduzcan la carga lectiva mínima de Religión, que ha originado el malestar de los obispos.
La comprensión y la expresión oral serán prioritarias en el aprendizaje de idiomas.
La evaluación será continua y global, con refuerzos cuando los alumnos lo necesiten.
El alumno, dice la ley, podrá repetir "una sola vez durante la etapa", con un plan de refuerzo o recuperación.
Los centros realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al terminar tercero, según dispongan las administraciones, para detectar dificultades de expresión y comprensión, cálculo y resolución de problemas. Los docentes podrán adoptar las medidas adecuadas.
Entre otras novedades, quienes deseen enseñanza en castellano en centros públicos o concertados podrán matricularse en privados para recibirla cuando la administración autonómica no atienda tal demanda.
El Gobierno central repercutirá el coste a la comunidad en cuestión, lo que afectaría a Cataluña, que ha recurrido la Lomce en el Constitucional y anunció que la inmersión lingüística se mantendrá.
Entre las comunidades que también han recurrido la ley, Andalucía intentará "minimizar" su impacto con medidas como un máximo de 20 alumnos por aula de FPB (el decreto estatal permite hasta 30) y mantener Educación para la Ciudadanía como asignatura autonómica, ya que desaparece del currículo común. El País Vasco implantará las medidas "mínimas" para evitar perjuicios al alumnado.
Madrid, por el contrario, reforzará Historia y Geografía de España e Inglés y ampliará una hora semanal Matemáticas y Lengua. Las troncales ocuparán el 60 % del horario en Castilla-La Mancha.
Los equipos docentes pueden proponer a los padres que los alumnos con dificultades pasen a partir de los 15 años a la FPB (hasta 21 titulaciones) tras cursar tercero de ESO o segundo excepcionalmente.
El título de Técnico Profesional Básico permitirá acceder a la FP media y la posibilidad de graduarse en ESO.
Andalucía, Asturias y Canarias han discrepado con Educación sobre distintos aspectos de financiación de la FPB.
Con estas cuentas, es "imposible" iniciar la FPB en septiembre, advirtió hace dos meses la consejera asturiana, Ana González.
El Ministerio calculó los costes sobre datos y previsiones de alumnado proporcionados por las comunidades.
