Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales han reclamado este miércoles una revisión del Código Penal para que se sancione como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
En una nota de prensa conjunta, las cinco asociaciones aseguran que "la situación de máxima alarma" por la que atravieda la sociedad española ante continuas noticias sobre casos de corrupción política requieren una reacción de los jueces y fiscales, que, agregan "no pueden permanecer ajenos a esta grave situación".
Por ello, los colectivos de jueces y fiscales reclaman distintas medidas que podrían contribuir, a su entender, a una lucha más eficaz contra la corrupción y sus ramificaciones. Además de la penalización de la financiación irregular de las formaciones políticas solicitan la puesta en marcha de mejoras para incrementar la "eficacia de la lucha contra el fraude fiscal" a través de un incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
Piden también una reducción del número de aforados en el ámbito político y la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y una reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.
INEVITABLES INJERENCIAS
Los jueces y fiscales ponen de manifiesto la importancia de evitar "inaceptables injerencias" del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial y reclaman un incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea.
También consideran necesaria la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción y el refuerzo especial de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas relacionadas con la corrupción como son las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.
Otro de los puntos que proponen es la instauración de un nuevo modelo procesal penal, "apto y eficaz" para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
"SENTIDO DEL DEBER"
Las cinco asociaciones de jueces apelan "a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos" para lograr, "de una vez por todas", atajar esta situación.
"Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho", indican en su comunicado.
Los colectivos indican que no puede permitirse un "debilitamiento del Poder Judicial", único garante para corregir las desviaciones de poder, "que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".
