El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha autorizado la venta de la vivienda que la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes. El precio de la operación inmobiliaria está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros.
Mediante un auto dictado este jueves, el juez señala entre otras condiciones que ambos deben asumir, con carácter previo a la venta, el compromiso de ingresar en la cuenta del Juzgado un total de 2,3 millones de euros resultante de cancelar el embargo que pesa sobre la mitad del palacete, correspondiente a Urdangarin, tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres.
En su resolución judicial, Castro responde así a la petición formulada por los Duques de Palma para poder materializar la operación inmobiliaria, si bien recalca que se debe tener en cuenta el destino que se pretende dar al efectivo obtenido de la misma, de tal manera que "en el orden de preferencias se conserve el lugar que en la actualidad corresponde a este Juzgado".
Asimismo, asevera que otro de los condicionantes para acceder a la petición era evitar que el precio de la venta no se ajustara "a los normales del mercado o la realidad encubriera otro superior, supuestos en los que la garantía quedaría empobrecida".
PRECIO DE VENTA "RAZONABLE"
En este sentido, Castro señala que el coste de 6,95 millones libre de comisiones de intermediarios inmobiliarios que, de existir el porcentaje usual del 5 popr ciento, lo elevarían a 7,2 millones, "parece un precio razonable en las actuales circunstancias, por lo que de entrada hay que descartar cualquier recelo al respecto".
De hecho, apunta que el precio ofertado "implica una significativa merma respecto del que en su día lo fue como de compra del inmueble, más las cuantiosas obras de reforma que sin duda lo mejoraron". Además, recalca que "la crisis del mercado inmobiliario aún no ha transcurrido, que es posible que tenga una mayor incidencia en fincas de este tipo y que la urgencia por vender es claro que se traduce en una lógica depreciación del bien que se pretende enajenar".
Al margen de todo ello, el juez discrepa de uno de los puntos incluidos en el escrito que presentaron los Duques, que anunciaban que, de permitirse la venta, destinarían parte del dinero a la cancelación de cargas, gravámenes, tributos, impuestos y otros honorarios. Frente a ello, Castro se muestra en desacuerdo con que a estas partidas se les prevea dar un "pago preferente al del Juzgado".
En concreto, el matrimonio aludía a los 437.215 euros que deben pagar para cancelar un contrato de permuta financiera, y a los 253.705 euros que Urdangarin ha tenido que abonar a la Agencia Tribuntaria, cuyo abono, asevera el juez, no deberá gozar de "ninguna preferencia" respesto al embargo que pesa sobre el palacete.
MANOS LIMPIAS SE OPUSO A LA OPERACIÓN INMOBILIARIA
Sobre la solicitud de los Duques, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, presentó un escrito con el que se oponía a la venta, al alegar que con esta operación inmobiliaria no se garantizará "en modo alguno" las responsabilidades civiles exigidas al matrimonio "habida cuenta de las cargas que el referido inmueble posee". Sí se han mostrado a favor la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
En la declaración que prestó en febrero de 2013, la segunda ante el juez Castro, Urdangarin señaló que de la hipoteca suscrita para pagar el palacete les quedaba por amortizar 3,6 millones de euros, y que ante la falta de ingresos le es "imposible" hacer frente a la póliza. A pesar de los impagos, admitió no haber recibido hasta el momento "ningún requerimiento" de La Caixa, a cuyo presidente, Isidro Fainé, conoce personalmente.
