Los abogados de la Infanta Cristina ha lamentado los "reproches, incluso de carácter personal" hacia los letrados, que consideran que juez de Palma que investiga el caso Nóos, José Castro, emite en sus autos cuando la hermana menor del Rey intenta ejercer de forma legítima su derecho de defensa de los dos delitos contra la Hacienda Pública por de los que le acusa.
"Exceden del cometido propio del órgano judicial instructor y, por tanto, se convierten en jurídicamente reprobables", sostienen Miquel Roca y Jesús-María Silva en su recurso de apelación contra la negativa del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de reducirle la fianza civil de 2,7 millones a 449.000 euros, como habían solicitado, por verla desproporcionada.
Lamentan que el juez haya apreciado "de forma sistemática" las circunstancias adversas pero no las favorables para la Infanta Cristina, y acoger siempre como mejor doctrina y de aplicación al caso la interpretación menos favorable para ella.
Los letrados ven evidencias de ciertas contradicciones y excesos interpretativos --dicen literalmente-- que, a su juicio, genera a la defensa una constante sensación de inseguridad jurídica y, por ende, una grave merma de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".
El juez Castro había desestimado la reducción de la fianza en un duro auto en el que cuestionó la actitud de la Infanta: "Nunca se ofreció voluntariamente a dar su versión de los hechos" y que "incluso ante su inicial convocatoria judicial se negó a hacerlo hasta que a su estrategia procesal le convino lo contrario".
Añadió que en su declaración como imputada el 8 de febrero de 2014 no mostró "ni el más mínimo reconocimiento de los hechos ni tan siquiera a título de error o imprevisión, actitudes que son totalmente legítimas en el marco jurídico pero escasamente afines a la de quien dice haberse prestado a reparar un daño".
IMPORTE "INJUSTIFICADO"
Los abogados de Cristina de Borbón piden la rebaja porque entienden que el importe que exige Castro es "manifiestamente injustificado en relación con las responsabilidades pecunarias que, en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle".
Los abogados discrepan con el cálculo de la fianza del juez y le acusan de haberla fijado a partir de una solicitud de Manos Limpias --acusación del caso-- "sin analizar ni cuestionar, en absoluto, la conformidad a Derecho de tal solicitud".
